La jueza cita a José Luis Baltar en el caso de cohecho y acoso sexual contra su hijo

La denuncia de una mujer contra el presidente de la Diputación y líder provincial del PP de Ourense, José Manuel Baltar, a quien atribuye haberle pedido que mantuviera relaciones sexuales con él para facilitarle un puesto de trabajo, salpicó ayer a su padre. La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Ourense, donde se sigue el procedimiento por los presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias y acoso sexual, ha convocado en calidad de investigado -antes imputado- a José Luis Baltar, padre y antecesor de José Manuel Baltar al frente del PP y de la Diputación de Ourense.

La convocatoria a José Luis Baltar le devuelve un protagonismo al que renunció desde su retirada de la vida política en el año 2012, antes incluso de que un juzgado de lo Penal de Ourense lo condenara por más de un centenar de contrataciones irregulares y el castigo fuera ratificado en el 2015 por la Audiencia de Ourense con nueve años de inhabilitación.

José Luis Baltar deberá explicarse ante la jueza el 8 de junio, al día siguiente de que declaren dos nuevos testigos. Está citado José Eugenio Galindo, el asesor jurídico de la Diputación de Ourense en el momento en el que supuestamente se ofreció un puesto de trabajo a la denunciante de este caso. También quiere escuchar la jueza al representante del hotel Francisco II, donde presuntamente se produjo el contacto sexual entre Teresa F. C. y José Manuel Baltar, algo que este último no llegó a confirmar en su declaración como investigado, acogiéndose a su derecho a no responder a esa pregunta.

Entre la documentación incorporada al juzgado de instrucción en relación con este caso ya se encuentra un escrito, remitido por una administradora de la sociedad que gestiona el hotel Francisco II, en el que se indica que la habitación donde presuntamente se produjo el contacto no estuvo ocupada en la fecha que dice la mujer denunciante. Tampoco consta, dicen, que José Manuel Baltar Blanco aparezca como huésped del establecimiento.

Aunque no es quien firma el documento enviado al juzgado, entre los puestos de máxima responsabilidad del hotel figura Francisco Gómez Álvarez, que es concejal del PP en la corporación municipal de Nogueira de Ramúin, ,donde fueron alcaldes José Eugenio Galindo y José Luis Baltar.

El padre de José Manuel Baltar era presidente de la Diputación de Ourense cuando la denunciante había encadenado sucesivos contratos temporales, por lo que en el año 2012 pidió a un abogado laboralista que negociara si era posible la reclamación de un puesto estable, según han declarado ella y el propio letrado. Es en ese momento cuando intervienen el jefe de personal y el asesor jurídico de la Diputación.

Entre enero del 2010 y el año 2012 la mujer mantuvo contactos con José Manuel Baltar, incluida la supuesta cita de carácter sexual cuando aún no era presidente de la Diputación, en los que trataría de obtener compromisos para hacerse con un puesto de trabajo en la institución provincial o en algún concello de los alrededores de Ourense. No llegó a conseguir su objetivo, por lo que a finales del pasado año acudió al fiscal y al juzgado de guardia para denunciar los hechos. Ella, en el caso del soborno, figura también en calidad de investigada. El partido Democracia Ourensana ejerce la acusación popular.

La jueza pide al fiscal que solicite causa compleja para poder seguir investigando

La magistrada que instruye este caso ha dado un paso más al dirigirse expresamente a la fiscalía, en contra de lo que sería el paso lógico, para pedirle que se pronuncie sobre la necesidad de que la causa sea declarada compleja. La posición que mantienen la jueza y la fiscalía es muy diferente. De hecho, el fiscal jefe de Ourense decidió archivar la denuncia inicial, mientras que la jueza, conociendo esa posición, la admitió a trámite y llamó como imputados a la denunciante, a José Manuel Baltar Blanco, al jefe de personal de la Diputación, y ahora a José Luis Baltar Pumar. La declaración de causa compleja, que ha de instar el fiscal, es necesaria para poder prolongar la instrucción hasta 18 meses más.