Gómez Villar y Áurea Soto, cara y cruz judicial

Para el exconcejal del PP, Aurelio Gómez Villar, la compra de unos altavoces en el año 2006, adquiridos por el Concello de Ourense a la empresa Jolper, ha dejado de ser un dolor de cabeza. Una sentencia de finales del pasado mes de julio, dictada por la titular del Juzgado de lo Penal número 2 de Ourense, exculpó de responsabilidad penal al actual asesor del presidente de la Diputación, aunque sin dejar de censurar la «verdaderamente desastrosa» gestión que condujo a aquella adquisición. La sentencia ya es firme, según un auto que esta semana ha sido notificado a las partes, con lo cual el caso queda definitivamente cerrado.

El ministerio fiscal no había llegado a acusar en este asunto, que se activó en el 2014 a partir de una denuncia de la exconcejala socialista Áurea Soto. Entendía que el proceder del gobierno local, autorizando el pago de la factura antes de que se presentara en el registro municipal y de que el material fuera servicio, podía ser constitutivo de un delito de prevaricación. La jueza no lo consideró así, al apreciar «serias dudas» sobre la eventual conciencia del exconcejal para estar obrando de forma irregular.

Al no recurrir en apelación la exconcejala socialista, que era la única parte que ejerció la acusación contra Gómez Villar, la sentencia ya adquirió firmeza. La denuncia fue también dirigida inicialmente a Gonzalo Jácome, pero esta opción no prosperó.

Distinto es, sin embargo, el caso en el que ha sido condenada Áurea Soto, junto con otros miembros del gobierno bipartito PSOE-BNG -el exalcalde Francisco Rodríguez, el exconcejal Fernando Varela y un exdirector general, Xosé Carballido- por haber prorrogado cuatro contratos. La misma jueza considera que prevaricaron y les impuso siete años de inhabilitación para alcalde, concejal y cualquier otro de carácter municipal, sin que, como decía expresamente la sentencia, afectara a la condición de funcionarios de tres de los penados. La fiscalía ha recurrido, como en su día había anticipado y ahora han confirmado los afectados al recibir la correspondiente notificación.

Pretende el ministerio público que la Audiencia extienda la inhabilitación a cualquier puesto de carácter político, hasta los órganos comunitarios. Igualmente, quiere que se incluya el empleo público de funcionario «cuando este tenga por objeto la gestión de cualesquiera intereses urbanísticos o de gestión del suelo». Esta última opción afectaría especialmente a Áurea Soto, en tanto arquitecta de profesión y empleada del Concello de Santiago.