La Xunta quiere reanudar las obras del centro para discapacitados de Ourense «canto antes»

El Centro de Atención a Personas con Discapacidad (CAPD) volvió a ser motivo de debate en el Parlamento de Galicia. La conselleira de Política Social e Xuventude, Fabiola García, manifestó que la Xunta trabaja para que el primer centro de estas características en Galicia esté en funcionamiento en el menor tiempo posible. Fue a raíz de una pregunta oral en el pleno realizada por el PSOE, cuando insistió en que este centro formará parte de la red de la Xunta y ofertará a las familias 110 plazas públicas: 80 de residencia y 30 de atención diurna.

Fabiola García argumentó que la crisis generalizada de precios frenó el avance de las obras en Barrocás y obligó a licitar nuevamente el contrato con un incremento en su presupuesto del 8 % para ajustarlo al precio actual de los materiales de construcción, alcanzando los 8,2 millones de euros. En este sentido, la política popular explicó que actuó con «toda a celeridade posible» y en estos momentos se encuentra adjudicada la actuación para retomar «canto antes» los trabajos. En su intervención, la conselleira de Política Social señaló que la Xunta destinará en el año 2023 una partida de más de 165 millones de euros a la atención a la discapacidad, lo que supondrá la cuantía más elevada de la historia de Galicia en este materia. Es un 16 % más que el presupuesto de este ejercicio. Puso como ejemplos la mejora de las residencias públicas autonómicas de O Carballiño o Castro Caldelas o la futura residencia de mayores que la Fundación Amancio Ortega construirá y financiará en la ciudad de Ourense.

El PSOE, por su parte, mantuvo sus dudas sobre si se tratará de un centro público y con gestión directa. La portavoz de Política Social de los socialistas, Marina Ortega, acusó a la conselleira de «non escoitar ás familias» y «evitar dar a cara» para explicar si atenderán la demanda de los familiares para que el centro tenga esa gestión directa por parte de la Xunta. Ortega exigió también «respecto» por los ourensanos para ofrecer una respuesta delante de la discriminación para la única provincia que aún carece de un centro para personas con discapacidad física y que llevan esperando por la finalización del proyecto desde el año 2016 «Desde entón houbo pasos, pero con calzador porque o goberno galego non foi dilixente con este asunto nin antes nin agora», explicó Marina Ortega.