El 20 % de los delitos denunciados en Ourense se cometen a través de internet

Las autoridades policiales y judiciales llevaban tiempo advirtiéndolo y ahora las estadísticas lo confirman. En un escenario de repunte de la delincuencia, los delitos que se cometen a través de internet se sitúan como uno de los problemas que más crece en la provincia. Estafas cibernéticas que tienen como escenario páginas web de compraventa de artículos tras las que se ocultan personas con identidades falsas que lo único que quieren es engañar, o sustracciones de dinero por parte de delincuentes que simulan ser agentes bancarios son algunas de las situaciones que se denuncian cada vez con más frecuencia en los cuarteles de la Guardia Civil o las comisarías.

Así lo reflejan los datos del Ministerio del Interior, que en el balance relativo al año 2022 recoge por primera vez un capítulo dedicado a la cibercriminalidad. Según eso, el año pasado se denunciaron en Ourense 2.535 delitos ocurridos a través de internet, lo que supone una media de siete diarios. De ellos 2.235 eran estafas. En cuanto al resto de casos, no por ser inferiores en número fueron menos graves, ya que se trató de situaciones como distribución de pornografía infantil, acoso en las redes, acceso ilegal a terminales informáticos, revelación de información o secretos empresariales, sabotajes o ataques contra la propiedad intelectual. Estos delitos ya representan el 20 % del total de los que se denuncian.

En cualquier caso, los niveles de delincuencia en la provincia ya están por encima de los que había antes de la irrupción del coronavirus. El ejercicio del 2019 se había cerrado con la constatación de 8.179 infracciones penales. Luego llegó el coronavirus y con él las restricciones de movilidad, que propiciaron que el año 2020 marcase cifras mínimas en los ilícitos penales. Los delincuentes tuvieron que dar un paso atrás y la provincia vivió un año particularmente tranquilo en ese sentido.

Ahora las cosas ya no como entonces. El año pasado se denunciaron tanto en la capital como en el resto del territorio un total de 9.392 delitos, una cifra que ya supera a los niveles prepandemia y que pone sobre la mesa una mayor incidencia, dentro de la delincuencia convencional, de los ataques cometidos contra la libertad sexual y las peleas callejeras, casi siempre durante las noches de los fines de semana.

En lo relativo a los ataques contra la intimidad, casi siempre de las mujeres, se denunciaron entre los meses de enero y diciembre del año pasado 98 situaciones de este tipo. En el 2021 habían sido 60, lo que da una idea de lo preocupante de la situación en estos momentos. En una veintena de casos las afectadas aseguraron haber sido víctimas de violación con penetración, el doble que las que aseguraron haberse visto en una situación igual durante el 2021.

La riña tumultuaria se sitúa como otro de los ilícitos que mas suben, con 123 reyertas investigadas por los cuerpos policiales el año pasado, frente al centenar que se habían constatado doce meses antes.

Y aunque no hubo el año pasado ningún caso de asesinato u homicidio consumado, frente a los cuatro del 2021, sí se denunció a nueve sospechosos por intentar cometer este tipo de delitos. Todos ellos están ahora pendientes de ser juzgados.

Cinco hurtos cada día

Tampoco hay mucho que celebrar en lo relativo a los ataques contra la propiedad ajena. Hubo constancia de 114 robos con fuerza e intimidación cometidos contra particulares. Además, se denunciaron ante las autoridades 305 robos con fuerza en domicilios, tanto urbanos como de zonas rurales, y se investigaron 1.747 hurtos, lo que supone cinco cada día. También subieron las desapariciones de coches estacionados en la vía pública, con 52 casos, y el tráfico de drogas, con 45 denuncias que fueron investigadas.

Investigaciones que requieren pedir datos a multinacionales como Google

Resolver un delito que tiene como escenario el ámbito cibernético no siempre es sencillo. Puede resultar fácil descubrir a una persona que utiliza una identidad falsa para cometer una estafa pero luego aporta una cuenta bancaria a su nombre, pero ir detrás de quienes distribuyen pornografía a través de internet o acosan a otras personas no siempre es sencillo. En muchos casos, los investigadores se ven obligados a enviar oficios a multinacionales como Google, Facebook o Instagram, y aunque desde estas entidades existe una buena colaboración e interés por poner coto a prácticas ilegales, el tiempo de respuesta es muchas veces más prolongado de lo deseado debido a las muchas peticiones que reciben. Fuentes especializadas en este tipo de asuntos destacan además que cuando se descubre la dirección IP del ordenador desde el que se ha cometido el delito, queda por delante determinar la identidad del infractor, ya que puede tratarse de un lugar público o de un domicilio con varios inquilinos.

 También es frecuente que haya situaciones de acoso en redes sociales entre menores de edad. Puede ocurrir en estos casos que cuando se descubre la identidad del delincuente ya ha pasado más de un año, y ese es el plazo máximo para la prescripción.