Una agente de seguros admite ante la Audiencia de Ourense que cobró a clientes por pólizas que nunca llegó a contratar

En menos de cinco minutos se resolvió este martes en la Audiencia Provincial de Ourense un juicio para el que el tribunal de la sección penal había reservado dos días. Se juzgaba la presunta responsabilidad de una mediadora de seguros en la estafa a varios clientes, si bien no fue necesario que declarase sobre el asunto ni uno solo de los muchos testigos citados. Antes de la vista defensa y acusaciones llegaron a un acuerdo de conformidad, lo que facilitó la resolución de un caso que se preveía largo. La acusada admitió los hechos que se le atribuían, aceptando una condena de un año de prisión y la devolución del dinero del que se apropió de forma ilegal. Contra la sentencia ya no cabe recurso alguno.

Queda así cerrado un asunto que se remonta al año 2017. En aquellas fechas la acusada, Raquel A. P., prestaba servicios como mediadora de seguros en una oficina de Ourense. Entre sus funciones se encontraba la de ofertar pólizas a los clientes y cobrar los recibos correspondientes, para luego enviar el dinero a las aseguradoras y hacer efectivos los contratos. Ese trabajo le permitía «disponer y coordinar» el patrimonio de sus clientes, así como sus datos personales y bancarios, pero ha quedado probado que la profesional hizo un mal uso de toda esa información confidencial.

Así, ella misma admitió en la sala de vistas que durante los años 2018 y 2019 actuó «con manifiesta omisión de los deberes de regir el patrimonio de sus clientes», al haber usado sus datos para perjudicarlos. El peor parado fue el propietario de una empresa de construcción de Gomesende. Sin su consentimiento y «guiada por el ánimo de obtener un beneficio ilícito» la acusada ordenó hasta siete cargos en una cuenta corriente de su titularidad, provocándole un perjuicio económico de 1.596 euros.

El cliente, al ver que en su cuenta había cargos de recibos de seguros con los que nada tenía que ver acudió a denunciar los hechos ante la Guardia Civil. Esto ocurrió en octubre del 2018, si bien también ha quedado acreditado que a lo largo de ese mismo año la acusada contrató tanto con ese perjudicado como con otro particular dos pólizas para vehículos comerciales. El importe de los recibos se cargó en la cuenta de los clientes, pero los seguros no se formalizaron. Lo mismo ocurrió con otra póliza para una empresa de maderas. La acusada le cobró al tomador 2.626 euros, pero «no contrató ni efectuó pago alguno sobre su empresa». Eso sí, tras destaparse el caso la acusada devolvió a algunos de los afectados 3.475 euros, a cuenta de los seguros que no había contratado.

Reparación del daño

El hecho de que devolviera parte del dinero ha jugado ahora en favor de la investigada, ya que se le ha aplicado una circunstancia atenuante de reparación del daño. En la sala de vistas, y tras preguntarle la presidenta del tribunal si estaba de acuerdo con los términos de la condena, se mostró conforme. Inicialmente se pedían para ella cuatro años de cárcel por estos hechos.