Jácome cesa al interventor del Concello de Ourense que lo llevó al juzgado por acoso

El interventor municipal del Concello de Ourense, encargado de fiscalizar los gastos del Ayuntamiento, ha sido cesado de su cargo y trasladado a un puesto en la Concellería de Facenda. La notificación le fue entregada el viernes por la mañana a este funcionario y suscitó inmediatas críticas de los grupos políticos del PSOE, Partido Popular y BNG. El funcionario cesado, Gonzalo Alonso, demandó al alcalde ourensano, Gonzalo Pérez Jácome, por presunto acoso laboral y la vista se celebró en un juzgado de lo social de Ourense esta misma semana.

El interventor municipal tiene habilitación nacional por lo que la decisión del regidor de Ourense es contraria a informes como el del Ministerio de Hacienda que había alertado de que no se le podía abrir un expediente de cese al haber obtenido su plaza en un concurso específico. Ese expediente se inició en diciembre del año pasado, culminando unos meses en los que las críticas públicas del alcalde al funcionario fueron continuas debido a los informes desfavorables que el técnico municipal realizó sobre operaciones que quería hacer el gobierno local. Y este viernes, dos días después de que fuera el juicio por la demanda del interventor, se hizo efectivo el cese. Es la segunda vez ese año que Jácome toma la decisión de destituir a un alto funcionario encargado de controlar las cuentas y los gastos del Ayuntamiento. En enero cesó a la tesorera a pesar de que también había un informe contrario de Hacienda.

El grupo municipal del PP advierte de que esta decisión de Jácome es «inadmisible» y de que se produce en un momento en el que el Concello de Ourense «está a atravesar un colapso económico e se están a desmantelar todos os servizos». Para los populares, lo que pretende el regidor ourensano es deshacerse de todo lo que le estorba. Recuerdan el caso de la tesorera y, anteriormente, de la intendente jefa de la Policía Local —que también denunció a su superior en el Concello por acoso laboral y ganó el juicio— o de la jefa de Termalismo.

Según el grupo municipal socialista, el cambio de puesto del interventor es «unha maniobra máis» para distraer el foco de problemas como el impago de parte de sus nóminas a los empleados municipales, por la «situación extrema da inestabilidade orzamentaria» o del desmantelamiento de servicios sociales. La portavoz del grupo, Natalia González, puntualizó que será cuestión de tiempo que el interventor vuelva a su puesto de trabajo, ya que su plaza fue ganada en un concurso nacional. La concejala socialista cree que este traslado es una «represalia» por la demanda judicial que se está viendo contra Jácome estos días.

Desde el grupo municipal del BNG vinculan este cese y el anterior de la tesorera con un intento de «tapar a grave situación económica na que se atopa a día de hoxe o Concello de Ourense». Los nacionalistas recuerdan que el Ayuntamiento tiene quince millones de euros en la cuenta 413 —para obligaciones con acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto— más otros casi treinta millones «sen contabilizar e correspondentes ás reclamacións das empresas concesionarias» de los servicios con adjudicaciones en precario.

El gobierno local no informó de quién asumirá la labor de interventor después de este cese. Se da la paradoja, según observa la portavoz socialista, de que la funcionaria de mayor rango que hay ahora en el Concello para hacer esa función es la extesorera, a la que Jácome calificaba de «tiquismiquis», cesada en su puesto en enero y nombrada entonces viceinterventora por libre designación del alcalde. La funcionaria tiene recurrida judicialmente esa destitución.