Varias contrataciones a dedo del alcalde de Xinzo le cuestan ocho años y medio de inhabilitación

Al alcalde de Xinzo de Limia, Antonio Pérez, estrellado con la Abogacía del Estado por su particular forma de contratar entre los años 2012 y 2013, que ya fue censurada en distintas sentencias firmes por los juzgados de lo contencioso administrativo de Ourense, lo acaba de colocar el Juzgado de lo Penal número 1 de esta misma capital en posición de salida. Ocho años y medio de inhabilitación, como autor de un delito de prevaricación, lo dejan en una incómoda posición. La condena no es firme, por lo que es previsible que con un recurso de apelación se mantenga en el cargo hasta que zanje el asunto la Audiencia Provincial de Ourense.

Antonio Pérez Rodríguez fue juzgado por haber firmado nueve decretos, que sustentaban otras tantas contrataciones sin proceso selectivo alguno. No tuvo en cuenta las restricciones a la contratación que había impulsado el Gobierno para reducir el déficit público. Su prioridad estaba en mantener la «cadena de favores» que afianzaba la red clientelar de votos, según expresó la representante del ministerio público en su informe, en el que pedía una «condena ejemplarizante». La fiscalía había pedido diez años de inhabilitación.

La condena del Juzgado de lo Penal se mantiene en la misma línea de las que habían dictado los juzgados de lo contencioso al anular los decretos y las contrataciones irregulares. Apuntaban los jueces indicios de desviación de poder por parte del regidor, que fue elegido en la lista del PP y se ha mantenido en el cargo con el apoyo del grupo popular, pese a que formalmente renunció a la militancia.

El alcalde se había justificado en el juicio asegurando que no leía los decretos que firmaba. De ese modo, desviaba la culpabilidad hacia el secretario. Su defensa, de hecho, se basó en gran medida en cuestionar al funcionario. La concejala de personal, de su mismo partido, había asegurado que el regidor era quien tomaba todas las decisiones de personal, sin que ella conociera sus criterios. Era afinidad política, de acuerdo con la línea de la fiscal, que situó a los contratados en la órbita del PP de A Limia.