A Parda, ciudad judicial

Hoy ya nadie cuestiona que el futuro edificio judicial proyectado por la Xunta se ubique en A Parda. Pero hace 15 años el traslado a esa zona del inmueble de los juzgados allí existente, que inicialmente estaban proyectado en Campolongo, anexo a la Audiencia, levantó una gran polvareda en el ámbito político y de la judicatura.

El 18 de abril de 1995, el entonces conselleiro de Xustiza Diz Guedes y el arquitecto José Martínez Sarandeses presentaban en Pontevedra el proyecto transferido por el Ministerio de Justicia a la Administración gallega para levantar una mole de dos sótanos y ocho plantas detrás del Palacio de Justicia, donde hoy está la praza da Liberdade.

Las principales constructoras pugnaron por la obra y le fue adjudicada a Construcciones Ramirez por un presupuesto final de 794 millones de pesetas y un plazo de ejecución de 18 meses. Los trabajos iban a empezar en la segunda semana de agosto de aquel año y casi en vísperas el alcalde Juan Luis Pedrosa consiguió in extremis un difícil acuerdo con la Sociedad Estatal de Infraestructuras Penitenciarias sobre la recalificación del solar de la antigua cárcel de A Parda, que permitiría el cambio de ubicación del nuevo edificio judicial.

Pedrosa Fernández había llegado a la alcaldía dos meses antes y cuando vio los planos le pareció una aberración urbanística ubicar una edificación de ocho plantas en el solar posterior de la Audiencia Provincial. Diz Guedes compartió desde el primer momento ese criterio y también Mariano Rajoy había considerado muy inadecuada tal construcción en Campolongo. Pero nadie se atrevía a frenar en el último momento -tras el traspaso de competencias a Xustiza- un proyecto que arrastraba muchos años de retraso y que había originado una fuerte demanda.

El mayor escollo a vencer era, en todo caso, el presidente de la Xunta, Manuel Fraga, contrario al cambio de ubicación del edificio judicial en sintonía con los máximos representantes de la judicatura. El entonces presidente del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, José Ramón Vázquez Sande, fue portavoz de aquel rechazo a la dispersión judicial que suponía la separación de la Audiencia de los nuevos juzgados.

Pero Pedrosa acabaría saliéndose con la suya, aún a costa de poner en peligro su carrera política por enfrentarse a Fraga, que al final aceptó el traslado del proyecto siempre y cuando las obras no sufrieran más retrasos.

Salvo algunas modificaciones para adaptarlo a la nueva parcela de A Parda, el inmueble mantuvo el diseño que se había previsto para Campolongo. A mediados del año 1996, tras la demolición de la vieja cárcel, comenzaron las obras y en febrero de 1998 estaba terminado.

Hoy, doce años después, está colapsado, las necesidades de espacio obligan a construir un segundo edificio judicial en la misma zona y ya se han alzado voces para evitar errores del pasado. La Xunta piensa en unos 12.000 metros cuadrados de edificabilidad y desde el Concello proponen aumentar hasta 18.000 metros cuadrados con objeto de hacer una sede más amplia y con suficiente capacidad para ir absorbiendo los juzgados que se vayan creando en próximos años.

La operación

El convenio firmado en 1995 con la Sociedad de Infraestructuras Penitenciarias supuso que los más de 6.000 metros cuadrados que ocupaba la vieja prisión de A Parda se recalificaran y dividieran en tres parcelas. Más de 2.000 metros cuadrados de superficie se destinaron a construir el actual edificio de los Juzgados, otros 1950 metros cuadrados fueron para viviendas (edificio Mirabeles) y los restantes 2.200 metros cuadrados fueron para una plaza pública de titularidad municipal y para urbanizar los accesos.

La reubicación judicial en A Parda permitió, por otra parte, reurbanizar la trasera del Palacio de Justicia y sus aledaños, donde se construyó el actual aparcamiento subterráneo que se extiende también bajo la avenida de Augusto García Sánchez. Y sobre rasante se ganó el gran espacio público a modo de parque que hoy es la prazada Liberdade.

El ex alcalde, Juan Luis Pedrosa, recordaba no hace mucho en La Voz aquel cambio trascendental de los Juzgados, la negociación en tiempo récord del convenio urbanístico y el duro enfrentamiento que se vio obligado a mantener con Fraga, al que le costó entender que no era imprescindible que el nuevo edificio judicial tuviera que estar pegado a la Audiencia. La polémica operación se convertiría con el tiempo en uno de los principales logros de su mandato.