La vía turca del fraude del gasoil se desvanece

La reciente operación de la Guardia Civil contra el fraude en la comercialización del gasoil investigó dos posibles modus operandi. Por un lado, la existencia de un fraude tipo carrusel en el que se busca eludir el pago del IVA y, por otro, la importación desde Turquía de gasoil sin refinar que se vendería en territorio nacional por debajo del precio de mercado.

Fuentes consultadas reseñaron ayer que la ramificación con el país otomano prácticamente se encuentra en un callejón sin salida. Se mostraron convencidos de que si bien se dispone de pruebas contundentes con respecto a la existencia de un entramado para eludir el pago del citado impuesto, no ocurre lo mismo con la intervención de intermediarios turcos. En su opinión, por el momento, tal hipótesis no pasa de ser meras sospechas o conjeturas.

No obstante, lo que sí tienen claro es que el entramado estaba en contacto con brookers en otros países, que les facilitaban la adquisición de los hidrocarburos. De este modo, buscaban controlar la entrada de combustibles en territorio nacional para su posterior distribución y venta al por menor.

Al no abonar el IVA de la mercancía que ponían en el mercado, los detenidos supuestamente podían ofertar unos precios muy bajos y sin competencia en el sector. Tales circunstancias redundaron, en los últimos cuatro años, en importantes beneficios, parte de los cuales se reinvertían «en estructuras empresariales legales».

Beneficios e influencia

Este tipo de movimientos les permitía ya no solo expandir su negocio, sino que incrementar su influencia en el mercado de los combustibles. Así, al menos, lo creen los investigadores de la Guardia Civil, quienes añadieron que los beneficios, a su vez, «potenciaban su actividad criminal al poseer más recursos».

En el caso de los pontevedreses, las sospechas apuntan a que el principal implicado pudo haber conseguido una importante flota de camiones de transporte de combustible gracias a este tipo de negocios. En todo caso, se trata de algo que tendrá que determinar un juez.

Por lo pronto, de los 35 arrestados en distintos puntos del territorio nacional, once tienen su domicilio en distintas localidades pontevedresas. Las primeras detenciones datan del pasado abril cuando se puso a disposición judicial a, entre otros, un vecino de Cerponzóns, a dos de sus hijos y una de sus nueras. Las fuentes consultadas les vincularon con una empresa de esta parroquia pontevedresa, así como con varias oficinas que, al parecer, tienen la sede social en el mismo bajo de la ciudad del Lérez. En este sentido, matizaron que ninguno de los arrestados está vinculado directa o indirectamente con una estación de servicio del término municipal de Sanxenxo.

No obstante, esta localidad de las Rías Baixas, junto con la capital provincial y la ciudad de Vigo, fue escenario de varios registros en los que la Guardia Civil se incautó de un gran número de documentos que se tienen que analizar.