Solo 5 de los 7.000 pisos vacíos en la ciudad palían desahucios

El último censo de viviendas publicado por el Instituto Nacional de Estadística (INE), señala que el municipio de Pontevedra tiene en la actualidad 39.558 viviendas y que 6.886 están vacías. Nada menos que un 17 %, un índice muy elevado de desocupación.

Cabría pensar que en las circunstancias actuales podría darse algún tipo de sensibilidad con las personas en riesgo de desalojo por no poder hacer frente al pago de hipotecas, pero la realidad es todavía más dura: en el Fondo Social de Viviendas en alquiler -creado por el Estado en colaboración con las entidades financieras para paliar el drama de los desahucios- apenas aparecen cinco pisos ubicados en el municipio. Todos ellos, propiedad de Novagalicia Banco pese a que el acuerdo para constituir dicho Fondo lo firmaron una treintena de entidades.

Se trató en pleno

Claro que el Concello de Pontevedra descartó antes del verano integrarse en el mismo, tal y como sugería el Partido Popular, aunque ello no impide que los bancos puedan incorporar a dicho Fondo inmuebles en la ciudad. Apenas un par de meses después de que el pleno rechazara una moción del PP en este sentido, el gobierno local apoyó públicamente a la sección pontevedresa de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas, en un gesto que mereció la reprobación, «por hipócrita», de la oposición municipal.

Es precisamente dicha plataforma la que logró gestionar los primeros alquileres sociales en la ciudad. Concretamente, a principios e este mes se habían suscrito dos acuerdos con sendas entidades financieras y se negociaban otras cuatro.

La Plataforma de Afectados por las Hipotecas prevé celebrar en septiembre una asamblea abierta en Pontevedra para definir objetivos y acciones .

El colectivo funciona en tres niveles de apoyo: familias en riesgo de entrar en situación de no pago; aquellas que ya tienen atrasados pagos y amenaza de entrar en la vía judicial; y aquellas otras que ya han recibido las notificaciones del juzgado y tienen firme la amenaza del desahucio.

Solicitar la dación en pago, entregando la casa y saldando la deuda, es otra fórmula que barajan, junto a los alquileres sociales. Opción que reservan para los «peores casos». La asociación señaló que se están consiguiendo cosas «impensables hace dos años», como lograr un alquiler social al entregar la vivienda al banco que no sea superior al 30 % de los ingresos actuales de la familia.

Registro único

A mayores, el registro único de demandantes de vivienda de la Xunta de Galicia recogía ayer mismo que 259 pontevedreses están interesados en alquilar un piso a precio tasado. Pero no los hay.