El polémico espionaje de Obama irrumpe en un proceso por drogas

Cuando Edward Snowden, exanalista de la CIA y la Agencia de Seguridad Nacional estadounidense, abrió la caja de los truenos con sus filtraciones del espionaje global que supuestamente llevó a cabo el Gobierno de su país poco se podría imaginar que sus revelaciones terminarían siendo empleadas por la defensa de un acusado por narcotráfico en Pontevedra. Pero el caso es que el espionaje estadounidense fue uno de los argumentos que ha empleado la abogada de José Gregorio Hernández Rodríguez, uno de los procesados en la operación Albatros, para tratar de recabar de los EE.UU. el origen de la información que, al parecer, incrimina a su cliente.

Y es que fue la DEA, la agencia antidrogas estadounidense, la que identificó «el teléfono venezolano con el cual se afirma se puso en contacto mi defendido». Se trata de un terminal que presumiblemente relaciona a Hernández Rodríguez «con una organización venezolana dedicada al tráfico de drogas».

Tras reconocer que existe lo que se denomina «principio de confianza», que se aplica a las diligencias que se llevan a cabo en otros países por sus autoridades, la abogada considera que el espionaje global del gobierno de Obama ha quebrado tal principio: «EE.UU. no se puede incluir entre ??los países en los que se mantiene de modo efectivo los mismos valores y principios que en España se consagran en la Constitución??, como exige la jurisprudencia del Tribunal Supremo».

Añade que los Estados Unidos «puede que no hayan respetado los estándares legales, debido a sus prácticas ilegales de espionaje de jefes de Estado y de ciudadanos de todo el mundo». Para reforzar esta tesis, la letrada no duda en reproducir declaraciones de la presidenta de Brasil ante la asamblea general de la ONU -«estamos frente a un caso grave de violación de los derechos humanos y de las libertades civiles»-.

Sin embargo, este recurso de apelación, así como otros que se han ido presentando en el marco de este proceso judicial, ha sido desestimado. De hecho, y con fecha 18 de septiembre, la jueza instructora dictó el auto de procesamiento contra los veintitrés encausados, entre los que se encuentra el narcotraficante sanxenxino Antonio Carballa Magdalena, o los arousanos Juan Marcos Vigo Fernández y José Luis Viñas Morgade.

A todos ellos se les relaciona con las casi tres toneladas de cocaína que iban a bordo del Riptide cuando fue abordado en mayo. Los tres pontevedreses serían los encargados, según la jueza de instrucción, de llevar a cabo «la dirección y coordinación de la operación marítima, así como del almacenaje y posterior distribución de la droga».

Para reforzar su tesis reproduce frases de la presidenta de Brasil en la ONU

La abogada cree que EE.UU. puede no haber «respetado los

estándares legales»