Una jueza archiva la denuncia por los graves insultos de un exedil del PP a Carmela Silva

La titular del Juzgado de Instrucción número tres de Pontevedra, contra el criterio de la Fiscalía y de la Diputación, archivó provisionalmente las diligencias abiertas por los insultos vertidos a través de Facebook contra la presidenta del organismo provincial, la socialista Carmela Silva, por el que fuera concejal de Igualdade del Concello de Moraña por el PP, Jorge Caldas, así como por un vecino de esta localidad pontevedresa, supuestamente simpatizante de este partido.

Fue el pasado 29 de febrero, tras un pleno de la Diputación, cuando el exedil y el vecino expresaron públicamente su disconformidad por lo que consideraban era una falta de apoyo institucional a la celebración del Rali Rías Baixas. Y lo hicieron empleando expresiones del calado de «mala zorra», «sinvergüenza», «menuda furcia» o «hija de puta». Apenas unos días después se produjo la dimisión de Caldas.

La Diputación denunció estos hechos y, a principios de abril, la jueza, que tiene competencias en violencia sobre la mujer, decretó el sobreseimiento provisional. Señaló entonces que «las expresiones denunciadas [...] han sido vertidas en el ejercicio del derecho de libertad de expresión», de tal modo que los insultos «no debieran extrapolarse del concreto ámbito en el que se realizan».

Tal criterio no fue compartido ni por el fiscal ni por la Diputación, que recurrieron. El ministerio público argumentó que «la libertad de expresión en ningún caso puede asimilarse al insulto», mientras que el abogado del organismo provincial recordó, entre otras cuestiones, que tales comentarios «no se formularon dentro de un debate plenario», así como que «la expresión zorra, en el actual contexto social y de violencia sobre la mujer, tiene un carácter e intención claramente injuriosa y peyorativa».

Tales argumentos no han sido tenidos en cuenta por la jueza, que ha ratificado el archivo. Esta acude a la doctrina del Constitucional para afirmar que la libertad de expresión «no es solo la manifestación de pensamientos e ideas, sino que comprende la crítica de la conducta de otro, aun cuando sea desabrida y pueda molestar, inquietar o disgustar».

No oculta el hecho de que «los términos empleados suponen un lenguaje soez», pero los enmarca en un clima político en el que «no resulta inhabitual en la actualidad en las manifestaciones de los cargos públicos». Añade que se realizaron tres horas después del pleno, por lo que no puede obviarse que se emplearan «en un momento de obcecación» al conocer las decisiones adoptadas. No estima que «se trate de expresiones gravemente ofensivas, ni por ello que hayan transgredido los límites genéricos de la libertad de expresión».

Nada más conocer el contenido del auto, la presidenta de la Diputación de Pontevedra anunció la interposición de un recurso de apelación que deberá resolver la Audiencia. Carmela Silva discrepó con la jueza al entender que son «insultos gravísimos de marcado carácter sexista», por lo que tachó el sobreseimiento provisional de «incomprensible».

Insistió en que se trata de una forma de «violencia machista», ya que las expresiones se dirigieron a su persona por el mero hecho de ser mujer. Lamentó, en este sentido, el mensaje que se está dando a las víctimas de violencia machista: «Les estamos diciendo todos los días que sean valientes y que denuncien» y, posteriormente, se ve «que no merece la pena denunciar, que son archivadas las denuncias o son desestimados los recursos».

El PP reconoce que las expresiones «non se poden xustificar», pero celebra el archivo

Nada más conocer la decisión del juzgado pontevedrés, la coordinadora de organización del Partido Popular de Pontevedra y también alcaldesa de Moraña, Luisa Piñeiro, emitió un comunicado por el que «celebra que a Xustiza desestime por segunda vez a denuncia» contra el exconcejal de este municipio pontevedrés. «Sen querer entrar a valorar sentenzas xudiciais», la regidora lamentó que fuera la Diputación Provincial la que interpusiera el recurso contra el primer auto de sobreseimiento provisional.

Consideró que tal movimiento únicamente trató «de enturbar a vida política, de forma claramente partidista, a través da Xustiza, cando esta xa se pronunciara claramente». Luisa Piñeiro, si bien reconoció que «non se poden xustificar as expresións de Jorge Caldas», dejó entrever que este ya pagó por sus comentarios.

Así, sostuvo que «cando despois dunha dimisión, de pedir desculpas e de que un xulgado diga que non hai nada se insiste tanto en ir contra un concelleiro do Partido Popular, sorprende que cando hai outros comentarios moi graves e fóra de contexto doutros concelleiros doutros partidos non se responda da mesma maneira». Desde las filas populares se insistió en que no les sorprende esto, «xa que non é a primeira vez na que tratan de poñer en mans da Xustiza outros asuntos da Deputación».