El abogado de Sanxenxo que molestó al juez con sus abruptos sobre Audasa

El de Audasa, juzgada esta semana por el cobro abusivo de peajes durante los tres años que duraron las obras de ampliación del puente de Rande, fue el juicio más mediático de este año en la ciudad además de estrenar la sala principal de los nuevos juzgados de A Parda.

Fiscalía, Abogacía del Estado y los letrados de los dos colectivos que representan a los usuarios (En Colectivo a 220 y Adicae a 65) centraron la atención durante las dos jornadas maratonianas en las que se desarrolló el juicio y opacaron las voces de los abogados que defendían los intereses de una docena de afectados que concurrieron a este procedimiento de forma individual.

Uno de ellos fue Carlos Quintía Celaya. El abogado de Sanxenxo representa a tres personas que acumulan más de 30 años utilizando diariamente la autopista para acudir a su puesto de trabajo en Vigo. Durante los tres años de las obras entraban a las 10 de la noche en la AP-9 y soportaron los atascos derivados de los cortes de carril nocturno para avanzar en la ampliación. Necesitaron más tiempo para llegar con puntualidad a sus puestos. Pero el gasto en peajes no varió. Se mantuvo en los 150 euros mensuales. Lo mismo que cuando podían circular a mayor velocidad y con cuatro carriles. En conjunto reclaman la devolución de 7.500 euros.

Quintía Celaya defendió con vehemencia sus conclusiones, alterando el tono cordial con el que los fiscales reprocharon a Audasa que no hubiese moderado el precio del peaje adecuándolo a la merma en la calidad del servicio que ofrecieron durante las obras. Se refirió a la concesionaria como una «mercantil privada con fondos americanos que solo busca repartir dividendos entre sus accionistas». Y poco a poco fue subiendo el tono de su intervención. Recordó un concierto en A Coruña en el año 90 que atrapó en la autopista a miles de personas sin que la concesionaria levantase las barreras. «La avaricia de esta mercantil pudo más que tres horas de retenciones». Fue el término «usurera», para definir a la empresa «más odiada del mundo», lo que le valió una reprimenda del juez. Manuel Marquina le instó a no utilizar en sala «abruptos verbales» y a «moderar el tono» para mantenerse dentro de la corrección.

Y Quintía Celaya lo intentó. Recuperando la compostura lingüística insistió en que lo que hizo Audasa entre 2015 y 2018 solo pudo ocurrir con el consentimiento y el concierto de la administración. «Solo así se puede explicar que hicieran una inauguración en falso en 2017 y días después retomasen los trabajos». Carlos Quintía considera que fue la propia administración estatal quien respaldó aquella «puesta en escena, para evitar penalizaciones por incumplimiento de plazos y poder, además, subir los peajes al año siguiente».

El abogado de Sanxenxo calentó el ambiente con su intervención, que estuvo seguida por la del abogado pontevedrés Pablo Quinteiro Moreno, representando también los intereses de usuarios particulares.

Quinteiro se refirió al hecho de que Audasa mantuviese el precio del peaje sin tener en cuenta que el usuario desconocía cuando entraba a la autopista si dispondría de cuatro carriles o solo de dos, de si el ancho de los arcenes se había visto mermado o de cuánto tendría que moderar la velocidad como una «tomadura de pelo». Y el juez fue implacable. Le abroncó por el uso de una terminología que consideró improcedente para la ocasión.