Recurren la sentencia del hermano de Sinaí Giménez, condenado a seis años por un tiroteo en una pedida de mano

Este martes, ante la Audiencia Provincial de Pontevedra, los representantes legales de Juan Paulo Giménez, hermano de Sinai Giménez, presentaron un recurso de apelación contra su sentencia. En una rueda de prensa frente al edificio, José Luis Fuertes Suárez, abogado de Giménez, y Miguel Heinrichs, abogado de la Sociedad Gitana Española, relataron que el juicio contra Juan Paulo tuvo lugar de forma apresurada, sin tiempo para una defensa.

En dicha sentencia, Juan Paulo fue acusado de irrumpir en una pedida de mano en Porriño y disparar en seis ocasiones al techo, lo que causó que dos proyectiles rebotaran e impactaran a una menor y a otro invitado presente. La ceremonia era de la familia de los Zamoranos, enemistada con el clan de los Morones. Así, a Giménez se le condenó por dos delitos de lesiones con instrumento peligroso, con la agravante de reincidencia, y otro de tenencia ilícita de armas. «El acusado no se pudo defender debidamente», afirmó Fuertes acerca del proceso celebrado el pasado julio y por el que el hermano de Sinaí Giménez fue condenado a 6 años de cárcel. Este recurso, como relató el letrado está apoyado en «argumentos contitucionales y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de Estrasburgo».

Fuertes relató como durante el juicio tuvo lugar «cierto prejuicio o animadversión en relación con determinadas personas en favor de otras», así como el uso de expresiones que parecían indicar que la sentencia estaba puesta antes de tiempo.

Además,el abogado remarcó la existencia de ciertas «circunstancias concurrentes», como la denegación de la testifical de testigos protegidos, de pruebas fundamentales y de la petición de la geolocalización del acusado al momento del crimen. «Todas esas circunstancias determinan una apariencia de falta de imparcialidad», declaró Fuertes, al mismo tiempo que opinó que con las pruebas existentes, no se le podría condenar.

Otros procesos en marcha

Por otro lado, Miguel Heinrichs, relató como van a estudiar «la viabilidad para una eventual querella contra la juzgadora que ha dictado la sentencia». Un trámite que se suma a la demanda por prevaricación contra la jueza de instrucción y la fiscal que intervinieron en el asunto y que está pendiente de resolución en el Tribunal Superior de Xusticia de Galicia (TSXG).

Esta posible querella sería una gestión independiente al recurso de apelación presentado. «En el procedimiento de apelación lo que se verá es la inocencia de nuestro cliente, la vulneración de los derechos fundamentales y las cuestiones complejas que se han aplicado y malinterpretado en este asunto», declaró Heinrichs. Ahora, solo queda esperar por ver cual es la resolución del proceso.