El futuro uso del Hospital Provincial acapara un pleno de marcado carácter preelectoral
Pontevedra
El gobierno local exige que el edificio siga siendo sociosanitario frente a la propuesta del PP de cedérselo a la Universidade
01 Mar 2023. Actualizado a las 05:00 h.
Faltan menos de cien días para las elecciones municipales, y eso es algo que ya planea sobre cualquier acción que se lleva cabo en el Concello de Pontevedra. También, con más razón, en los plenos. El de este martes no fue una excepción, pero lo insólito es que el principal asunto de debate se dio sobre un asunto que no es de competencia municipal; que si fue a pleno es por una promesa electoral del PP: y, lo más sorprendente de todo, no lo llevó este grupo a la sesión, sino el gobierno local a través una moción conjunta BNG-PSOE.
El asunto es cuestión es el futuro uso del Hospital Provincial una vez que el Gran Montecelo concentre los servicios que hoy se prestan en el centenario edificio. Ante la propuesta electoral del PP de cedérselo en su día a la Universidade de Vigo, una idea que cuenta con el beneplácito de la Xunta —que es la Administración competente— los socios del gobierno local acordaron una moción para exigir que se mantenga un uso sociosanitario en el inmueble, en cumplimiento de un supuesto compromiso del anterior presidente autonómico, Alberto Núñez Feijoo.
Iván Puentes (PSOE) aludió a que en el año 2016 se recogieron más de 11.000 firmas para exigir que el Hospital mantenga un uso sanitario. Rafa Domínguez (PP), replicó con una reciente encuesta que maneja su formación en la que los pontevedreses que están a favor de ceder el inmueble a la Universidade duplican a los que están en contra.
El portavoz del PP insistió en la UVigo comparte su visión y que si obtiene el edificio «traerá tres facultades nuevas», algo que en opinión de Iván Puentes es «mentira» pues «non son novas titulacións, senón reubicar graos xa existentes». El socialista insistió en que el Concello está «a favor da universidade, pero non a costa de desmantelar un centro sanitario»
Domínguez acusó a socialistas y nacionalistas de carecer de visión de futuro por rechazar «que la Universidad se instale en el centro de Pontevedra», y cuando tanto Puentes como César Mosquera (BNG) le acusaron de convertir el pleno en un mitin para ensalzar su propia propuesta electoral recordó que «la moción la trajeron ustedes al pleno. Psicológicamente ya están en la oposición».
Finalmente, la moción fue aprobada con los votos favorables de BNG y PSOE, así como del concejal no adscrito, Goyo Revenga. El PP votó en contra de «instar ao goberno galego a manter o compromiso adquirido pola Xunta de manter o uso socio-sanitario público para o Hospital Provincial». Pues eso, se «insta» a la Xunta, que será finamente quien decida el futuro del edificio.
Aprobadas las nuevas ordenanzas de venta ambulante y taxis
El pleno aprobó inicialmente las nuevas ordenanzas de venta ambulante y de taxis. En ambos casos, sustituirán a sendas normas obsoletas. La primera reemplazará a un texto que data de 1997; y la segunda, a uno del año 2000.
El PP no apoyó a ninguna de las dos. Con respecto a la de venta ambulante, la concejala Pepa Pardo anunció el voto en contra e su grupo debido a la existencia de «imperfecciones y deficiencias» en el texto que llevó el gobierno a pleno, que «van a dar problemas» relacionados con las transmisiones de puestos, con la duración de las autorizaciones o con los criterios para adjudicar estas.
La concejala responsable de Mercados, Yoya Blanco (PSOE), aseguró que esas cuestiones se limarán en el período de exposición púbica que se abre tras la aprobación inicial.
En cuanto a la ordenanza de taxis, el PP optó por abstenerse debido a que la nueva normativa, advirtió Rafa Domínguez, «obliga a las nuevas licencias a prestar el servicio de Coche de Punto». «Creemos que no se puede admitir esa obligatoriedad, máxime cuando el servicio todavía no está implantado», argumento el PP. El concejal de Mobilidade, Demetrio Gómez (BNG), aseguró que la ordenanza cuenta con todos los informes favorables. «Puede ser legal, pero no por ello buena para los taxistas», replicó el PP.