La rebelión de los bomberos pobres

Probablemente muchas personas que transitaban el pasado viernes a mediodía por el centro de Pontevedra, cerca de la Alameda, se sorprendieron ante los botes de humo, explosión de petardos, quema de neumáticos y todo el estruendo que procedía de la protesta de bomberos de parques comarcales de extinción de incendios que se dieron cita ante el Palacio de la Diputación para exigir una mejor retribución salarial. Seguramente habrá quienes hayan pensado que las formas de esta movilización laboral fueron excesivas, impropias de quienes las protagonizaron, así como las consecuencias, con algunos daños colaterales a terceros. De los más perjudicados, por cercanía y número, los alumnos del IES Valle Inclán que acaban de estrenar esta semana las once aulas exteriores —esas con aspecto de casetas de obra— hasta donde les llegó el humo, el ruido de los petardos y la megafonía con las que se emplearon quienes protestaban bajo la atenta mirada de efectivos antidisturbios de la Policía Nacional.

No obstante, me apresuro a decir que, pese a las posibles molestias que hubieran ocasionado, la acción reivindicativa resultó muy ilustrativa- y desde luego, entendible- por cuanto nos ha desvelado la cuantía de los salarios que perciben actualmente los bomberos de los parques comarcales de Galicia. Cada uno de ellos —son cerca de 500 en toda Galicia— cobra entre 1.200 y 1.300 euros netos mensuales. A mí me parece poquísimo para el tipo de profesión, los riesgos que entraña y el servicio a la seguridad ciudadana que prestan. Y desde luego, comparar la retribución de estos bomberos de los parques comarcales con los sueldos que perciben sus homólogos de los parques municipales de Pontevedra o Vigo (más del doble), resulta vergonzoso.

Los hermanos pobres

Resulta que, desde hace meses, el medio millar de bomberos que trabajan en los 24 parques comarcales de extinción de incendios que existen en Galicia, están en una protesta continuada para reclamar salarios dignos, más personal y medios para desarrollar su trabajo.

Cuatro de esos parques atienden a comarcas de la provincia pontevedresa. Tienen sus bases en Bueu (Morrazo), Porriño (Louriña-Condado-Val Miñor), Vilagarcía (Arousa-Umia) y Ribadumia (Salnés). Cada parque cuenta, teóricamente, con una dotación de 18 bomberos. Sin embargo, la realidad cotidiana dista mucho. Lejos de ser un servicio bien dotado tanto por personal como por medios, se han convertido, realmente, en los hermanos pobres de los bomberos.

Por eso desde principios de este año, pero de modo más intenso, desde junio, hacen «huelga». Según dicen, «a la japonesa». En versión adaptada. Trabajando en un mismo turno todos los efectivos disponibles en cada parque, lo que ha se ha convertido en un modo de visibilizar la clamorosa escasez de personal. Hay parques como los de Ribadumia y Vilagarcía que por momentos estaban con solo tres bomberos, una cifra manifiestamente insuficiente para atender cualquier emergencia, por lo que cerraban. Suerte hemos tenido de que en estos meses no se hayan producido siniestros de gravedad en sus respectivas comarcas que requiriesen la totalidad de sus servicios. Habría sido una manera, trágica, de desvelarnos su cruda realidad.

La papeleta

Las reivindicaciones se dirigen hacia la Xunta de Galicia, así como ante las cuatro diputaciones pues son estas entidades provinciales las que asumieron la gestión de estos parques comarcales y el 50 % de los costes según el compromiso que les endosó la administración autonómica. Fue a consecuencia de que la Xunta descartase la gestión indirecta de esos parques de bomberos que antaño se realizaba a través de concesiones a empresas como Matinsa, una filial de Fomento de Construcciones y Contratas (las Koplowitz) que gerenció los cuatro parques de la provincia de Pontevedra.

La papeleta para Luis López, como para sus colegas que presiden las diputaciones de Ourense, Lugo y A Coruña es la misma. Aquí no cuenta el color político. Y, de hecho, la reacción de los cuatro presidentes ?dos del PP y dos del PSOE- ha sido la misma: ofrecer una negociación pausada de convenios colectivos que podrían entrar en vigor dentro de un año. Los responsables políticos tienen ante sí la obligación de dar cumplimiento a una sentencia del Tribunal Supremo que determinó la conversión a personal fijo de todos los efectivos de los parques comarcales de bomberos, corrigiendo el disparate que preexistía desde los tiempos de Manuel Fraga como presidente de la Xunta, quien privatizó este servicio.

En definitiva, Luis López y los restantes presidentes de las diputaciones provinciales gallegas van a tener que convertir y asumir en condición de trabajadores indefinidos o bien de funcionarios públicos mediante el correspondiente concurso-oposición, a los 500 bomberos de los respectivos parques comarcales. Lo que implicará la equiparación a las condiciones salariales debidamente mejoradas que les correspondan. Y con el consiguiente reformado a realizar en los presupuestos de cada diputación para asignar la partida económica correspondiente a fin de pagar el 50 % del coste, pues la otra mitad deberá ser sufragada por la Xunta de Galicia.