Archivo definitivo del intento del PP de judicializar la planta de compost

Un auto dictado por el Tribunal de Cuentas ha enterrado definitivamente las pretendidas irregularidades que buscaba el PP de Pontevedra en el contrato de los terrenos de la planta de compostaje de A Canicouva. Se trata el alquiler que Concello de Pontevedra paga desde el año 2015 a la comunidad de montes por un terreno para ubicar una futura planta. El organismo estatal, que ya había dictado una «liquidación provisional» el pasado mes de octubre avalando la actuación del Concello, acaba de dictar un auto que entierra definitivamente cualquier atisbo de irregularidad. «No cabe apreciar que los hechos investigados hayan dado lugar a ningún supuesto de responsabilidad contable, por lo que procede declarar que no ha lugar a la incoación del juicio», recoge textualmente el auto.

La teniente de alcalde, Eva Vilaverde (BNG), dio cuenta de este asunto tras la Xunta de Goberno Local de este jueves, destacando la intencionalidad del PP y del entonces fiscal jefe de Pontevedra para trasladar el asunto al Tribunal de Cuentas cuando ya había sido archivado por Fiscalía y por el juzgado de primera instancia número 2 de Pontevedra.

El origen de este intento de judicialización por parte del PP está en el contrato firmado por el Concello con los comuneros de A Canicouva en diciembre del 2015 para arrendar 10 hectáreas de monte en A Canicouva a razón de 2.000 euros anuales por hectárea. El Concello abonó las anualidades del 2016, 2017, 2018 y 2019, y cuando se afrontó la del año 2020 el PP llevó ese pago a la Fiscalía.

El grupo político liderado por Rafa Domínguez entendía que ese pago era ilegal porque al no haberse construido la planta de compost en cuatro años el contrato, firmado en el 2015, se consideraría extinguido. Las diligencias practicadas no encontraron ilícito alguno, y se decretó el archivo de la denuncia. Pese a ello, la Fiscalía acabó remitiendo las diligencias practicadas al Tribunal de Cuentas «por si fuese procedente la exigencia de responsabilidad contable».

El organismo estatal concluye que el abono de la renta correspondiente a la anualidad del año 2020 «está justificado en cuanto es un pago debido por causa de la vigencia del contrato que nos ocupa». Al igual que hiciera ya el juzgado de primera instancia número 2 de Pontevedra en una sentencia del año 2022, el Tribunal de Cuentas entiende que el contrato no se extinguió pese a que la planta de compost no se llegó a construir en los cuatro primero años de vigencia del mismo, ya que ni el Concello ni los comuneros instaron la anulación del acuerdo. 

Denuncia de los comuneros

Pero la actuación de la Fiscalía dio lugar a otra denuncia, esta de los comuneros, para exigir el abono de la anualidad correspondiente al 2021 y posteriores. Al archivar la denuncia original por entender que no había habido «dolo ni arbitrariedad», Fiscalía advertía por escrito al Concello de que las diligencias se reabrirían en caso de continuar los pagos, lo cual dio pie a que los servicios municipales frenaran los pagos a partir de entonces. Esta situación se mantuvo hasta el 2023, cuando un juzgado condenó al Concello a seguir pagando los recibos a la comunidad de montes de A Canicouva al entender que, aunque la planta no se haya construido todavía, el contrato suscrito en el año 2015 está vigente y lo seguirá estando por el tiempo previsto en dicho documento: 30 años prorrogables anualmente 45 más.