La prisión de A Lama, sin médico por primera vez en sus 25 años de historia

Los sindicatos del centro penitenciario de A Lama, ACAIP-UGT y CSIF, denunciaron la falta de médicos en el penal pontevedrés: «Esta situación ha generado que, por primera vez en 25 años de existencia del centro, se haya dado la circunstancia de que no ha sido posible mantener un servicio médico presencial las veinticuatro horas todos los días de este mes de enero, llegando a estar el centro algún día completo sin presencia médica». Las centrales sostienen que «el deterioro de la atención médica y el aumento de riesgo de incidentes regimentales es patente por este hecho», al tiempo que critican «la incapacidad de los actuales gestores penitenciarios para resolver este problema».

A este respecto, precisaron que no se trata de un problema puntual, toda vez que prácticamente seis de cada diez plazas de médico en Instituciones Penitenciarias a nivel estatal «están vacantes en este momento» en las relaciones de puestos de trabajo. Es por ello que alertan de que «A lama no es una excepción al tener seis de las ocho plazas de médico y la plaza de subdirector médico vacantes».

Este punto, los sindicatos advierten de que la atención médica es fundamental para el buen devenir del día a día penitenciario, por lo que la ausencia de facultativos «menoscaba la salud de los internos, crea inseguridad en el centro, así como malestar en internos y trabajadores, al tiempo que aumenta el riesgo de incidentes. También consideramos que se dan en los centros penitenciarios circunstancias que requieren de una atención médica presencial e inmediata como pueden ser agresiones entre internos, lesiones autolíticas o intoxicaciones por consumo de sustancias medicamentosas o prohibidas en el centro».

Transferencia a la Xunta

Exigen, por tanto, solucionar esta problemática, de tal modo que demandan que la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y la Xunta de Galicia realicen las gestiones pertinentes para el traspaso a la comunidad autónoma los servicios sanitarios penitenciarios. Es algo que, según matizan, ya recoge al legislación vigente, concretamente la ley que regula el Sistema Nacional de Salud, en la que se recoge que «los servicios sanitarios dependientes de Instituciones Penitenciarias serán transferidos a las comunidades autónomas (...) en el plazo de 18 meses y mediante Real Decreto».

Reprochan, por tanto, que más de dos décadas después sigue sin resolverse esa transferencia a Galicia.

Concluyen, a este respecto, que el traspaso de competencias a la Xunta «solucionaría el problema de la carencia de personal médico y resto del personal sanitario, mejorando por tanto la calidad asistencial a la población reclusa».