Preguntas que el alcalde Gerardo Conde Roa debe responder

Gerardo Conde Roa llegó al Concello de Santiago con una mano delante y otra detrás, literalmente. En la ruina. «Francamente, yo soy yo con lo que veis aquí», se desnudó públicamente a principios del 2008 al tiempo que invitaba al gobierno bipartito a hacer lo mismo, en medio de la polémica por el impago de los 47 recibos del IBI que el Ayuntamiento reclamaba a Geslander, su promotora inmobiliaria, por otras tantas viviendas en Volta do Castro. El entonces jefe de la oposición perdió todo su patrimonio al separarse de su esposa, excepto una casa que tiene a medias con un hermano. Incluso su sueldo, de concejal primero y de alcalde después, embargado en gran parte.

¿Está el alcalde de Compostela a la altura de lo que esperan de él sus vecinos?

Durante el paréntesis de diez años en su vida política hasta que en el 2007 retornó al pazo de Raxoi, Conde Roa entró tarde y mal en el negocio del ladrillo. Geslander, que promovió viviendas de protección autonómica en municipios como Lalín, Parla o Daimiel, aparte de Compostela, fue una de tantas empresas que no resistió el estallido de la burbuja inmobiliaria. Claro que no todas tienen un alcalde como administrador. Conde Roa fue trampeando los problemas de Geslander, que cesó su actividad hace unos años, según él afirma: primero fueron los impagos de tasas e impuestos municipales y después las notificaciones de embargo de Hacienda. Incluso pleiteó en el juzgado contra el propio Ayuntamiento que gobierna a causa de sus discrepancias con las obligaciones fiscales derivadas de su actividad inmobiliaria.

Cuando ganó la alcaldía en el 2011, Conde Roa debía conocer sobradamente la dimensión de sus problemas con Hacienda, que alcanzaban la magnitud de presunto delito fiscal, ahora por no pagar el IVA derivado de la venta de 61 viviendas en el 2010. Se lo ocultó a la dirección del PPdeG, que recelaba de su forma personalista y un tanto brusca de ejercer la política y sabedor de que posiblemente sería el hecho que lo apartaría de la carrera por la alcaldía. Y se lo ocultó a los ciudadanos.

Una temeridad y una impericia impropios de un hombre de leyes

Conde Roa pensó tal vez que podría resolver pronto esta complicada situación, pero demostró una temeridad y una impericia impropios de un hombre de leyes. Pasó de concejal que no paga 7.000 euros de tasas municipales en Santiago a alcalde presunto autor de un delito fiscal por 291.000. La posición del regidor es esencialmente la misma ante sus vecinos: les ha defraudado, solo que ahora pasa de las responsabilidades administrativas a estar imputado por un presunto delito fiscal. Incluso si, como él sugiere, fue víctima de una «jugarreta» desde Hacienda. Lo primero es pagar.

Al margen de los derroteros que siga su imputación en la vía penal, Conde Roa debiera hacerse algunas preguntas y actuar en consecuencia: ¿Está el alcalde a la altura de lo que esperan de él sus vecinos? ¿Una persona que gestiona así sus asuntos puede asumir la responsabilidad de gestionar los intereses públicos, más todavía, de la capital de Galicia? ¿Cuál es la dimensión real de las deudas de Geslander? ¿Puede influir su situación económica en su actuación al frente del Concello?