El PP encarga un informe sobre el fallo del Tribunal de Cuentas para ver qué hace

El gobierno local ha encargado un informe a los servicios jurídicos municipales sobre el fallo del Tribunal de Cuentas que resolvió que no había lugar a continuar con la denuncia formulada en el 2011 por el PP, cuando Conde Roa lideraba el grupo en la oposición, contra el entonces alcalde Xosé Sánchez Bugallo por la gestión de 370 facturas que habían quedado sin contabilizar en el 2008.

La portavoz del ejecutivo, María Pardo, evitó ayer entrar en si se ha recurrido o recurrirá ese dictamen, una posibilidad que recoge el propio fallo. «Lo están analizando los servicios jurídicos del Ayuntamiento», dijo la portavoz, a los que se les pasó la sentencia «cuando llegó». En cualquier caso, Pardo afirma que del texto del mismo fallo no se puede descartar que pueda haber otras responsabilidades.

«No hablaré de hipótesis»

«Puede haber un ilícito penal aunque no lo haya contable», afirma la concejala en relación a la parte del dictamen del Tribunal de Cuentas que observa que en lo que es de su competencia -el enjuiciamiento de los hechos que puedan derivar responsabilidades contables- no hubo menoscabo de los caudales públicos y que «las eventuales irregularidades que se hubieran podido producir en los procedimientos de gestión y pago de las facturas deberán ser depuradas, en su caso, en otros ámbitos administrativos o jurisdiccionales». La edila, sin embargo, obvió valorar si el PP llevará su denuncia por otra vía. «No voy a hablar de hipótesis; estamos esperando los informes» y serán los servicios jurídicos los que apunten en qué línea se deberá actuar, indicó.

Las 370 facturas sumaban en total 3,7 millones, aunque finalmente se quedaron en 2,6 tras su conformación, esencialmente por la diferencia de la emitida por la concesionaria del servicio de limpieza, que de 2,1 millones se quedó en 959.000 euros, con aceptación de la contratista, según expresa el Tribunal de Cuentas en su sentencia.

Centro cívico del Romaño

En cuanto a la necesidad de retomar todo el proceso de contratación para la construcción del centro cívico del Romaño por las irregularidades advertidas en su tramitación, el gobierno local no hizo ayer valoración. Incluido en el programa Urbana Norte, ese proyecto está dotado con 937.750 euros.