El PSOE exige anular las plazas de secretario e interventor

La anulación de las plazas de secretario, interventor y tesorero de apoyo por parte del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ha caído como un jarro de agua fría sobre el gobierno compostelano. Su creación fue una decisión arriesgada e incluso temeraria, a tenor del texto de la sentencia. El PP, que ve la decisión como provisional, no ha querido valorar la resolución del TSXG, aunque recuerda que una sentencia de junio del 2013 respalda la relación de puestos de trabajo y otra de diciembre rechazó la impugnación del cese de la interventora general del Concello y su nombramiento como interventora de apoyo.

El fallo del TSXG, cuya ejecución en la práctica solo afectará a las plazas de apoyo de secretario e interventor porque la de tesorero ya la había anulado el Concello, responde a una denuncia interpuesta por el grupo socialista al entender que el acuerdo municipal de crear las tres plazas de apoyo (para relegar en ellas a los titulares a los que el PP quería sustituir) no era legalmente aceptable. La sentencia demuestra, según el socialista Francisco Reyes, «que no hemos litigado por intereses partidistas sino de defensa del interés público». Resalta que este interés no estaba justificado, a tenor del fallo judicial, y concluye que tampoco se justifica la urgencia de la medida a la vez que se salvaguarda la profesionalidad del trabajo de la Secretaría y la Intervención.

El acuerdo del gobierno local incumple asimismo, según Reyes, el decreto ley de Mariano Rajoy que pretendía controlar el gasto público. El objetivo del grupo entonces liderado por Conde Roa no era este, sino una toma de decisiones que como partido le convenía. «Toda esa historia de la austeridad era una mentira», recalca.

El TSXG pone en evidencia las formas de gobierno del PP, indica el nacionalista Rubén Cela, quien resalta que «unha vez máis a Xustiza ten que poñer as cousas no seu sitio». Agrega que desde el primer momento el PP «confundiu a maioría absoluta co absolutismo» y lo que hizo la Justicia fue ratificar lo que la oposición venía indicando con insistencia sobre la no justificación de la creación de las plazas.

Coste muy elevado

«Ningún Concello de Galicia ten tantos habilitados. Estase equiparando a Santiago cunha cidade de tres millóns de habitantes», refiere Cela. Ni la carga de trabajo justificaba la decisión municipal ni existía improductividad por parte de los habilitados anteriores.

Cela formula la gravedad del acuerdo municipal por el coste que representa para las arcas locales. Cada habilitado supone más de 60.000 euros (seguridad social aparte) y los desplazados al Cersia no tienen a menudo carga de trabajo. «O xeito de gobernar do PP acábano pagando os veciños», subraya.

¿Y qué efectos puede tener la sentencia? Para los grupos de la oposición es una incógnita, pero hay un fallo judicial. «Vamos a requerir de inmediato su cumplimiento y a ver cómo lo va a ejecutar el grupo de gobierno», señala Francisco Reyes, que tiene la seguridad de que habrá una vigilancia por parte de la Justicia sobre este asunto.

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