Feijoo endulza con un repunte salarial la ley para evaluar a 120.000 funcionarios

Veinte meses después de dar luz verde a su borrador, el Consello de la Xunta ha aprobado esta mañana el proyecto de Lei do Emprego Público, que, entre otras cosas, prevé evaluar «obxectiva e imparcialmente» de manera periódica el rendimiento de 120.000 empleados de la Administración autonómica, las tres universidades, los 314 concellos y las cuatro diputaciones provinciales. Un texto que los sindicatos rechazan de plano. No obstante, como ayer avanzó Alberto Núñez Feijoo en el Parlamento, a última hora el Gobierno ha endulzado la polémica norma introduciendo en su articulado la creación de un fondo retributivo que permitirá a los funcionarios y similares recobrar la integridad de sus pagas extra, recortadas desde el 2013 en un promedio del 30 por ciento.

Esta medida supondrá que sus beneficiarios, en función del nivel que tengan reconocido, recuperarán el complemento específico y, por tanto, pasarán a cobrar anualmente entre un 2 y un 6 por ciento más que ahora. O sea, volverán a percibir lo que ingresaban hasta que hace un par de ejercicios la crisis derivó en tijeretazo en sus nóminas. En comparecencia de prensa tras la reunión semanal de su Gabinete, el jefe del Ejecutivo ha explicado que dicha reposición de derechos se efectuará de manera paulatina entre el 2016 y el 2018, de manera que al inicio de ese último ejercicio ya habrán regresado a su situación retributiva previa a los recortes.

Amén de ello, los empleados de la Xunta también recibirán el 100 por ciento de la extra de Navidad del 2012, no solo el 25 % ya anunciado. Cobrarán una cuarta parte en el 2015, otro tanto en el 2016, lo mismo en el 2017 y la suma restante en el 2018. Añadiendo el efecto de esta medida al de la otra, en un cuatrienio el erario habrá de desembolsar 350 millones.

La ley hoy bendecida, que todavía deberá ser discutida en la Cámara de O Hórreo antes de su entrada en vigor, contiene cláusulas que no agradan a los agentes sociales. Por ejemplo, esa que obliga a los trabajadores, con protagonismo de sus superiores en la asignación de notas, a someterse a exámenes individuales para acceder al complemento retributivo «de desempeño». O la que contempla la posibilidad de recurrir a la movilidad forzosa de personal desde unidades con poca carga hacia otras con mucha.

Tampoco convence a los sindicatos el hecho de que este futuro marco legislativo habilite a la Xunta para, «excepcionalmente», reclutar en la empresa privada directivos para los llamados chiringuitos públicos. A algunos de ellos no termina de parecer correcto que parte del personal laboral, bajo ciertos parámetros, pueda pasar a ser funcionario.

Contra todas esas críticas, en su comparecencia, el presidente ha defendido a capa y espada el proyecto, aduciendo que «incentivará» a la plantilla y «achega estabilidade». Ha puesto el acento también en que, recogiendo demandas sindicales, el denominado plus de altos cargos desaparece definitivamente. Finalmente, ha destacado el esfuerzo de la Administración para devolver a los profesionales en nómina sus derechos salariales. «É beneficioso para todos», ha sentenciado.

Cartera de servicios a las familias, niños y adolescentes

Además de otorgar su plácet a este documento, el Consello ha adoptado varios acuerdos más. Entre ellos destaca el decreto que regulará la cartera de servicios a las familias, niños y adolescentes, la cual entrará en vigor, «previsiblemente», a lo largo del semestre inicial del 2015. Un compendio de prestaciones basado en la «eficiencia» de las infraestructuras y en el que figuran algunas novedosas, como la apertura nocturna de las casas nido y de la atención a los críos en el hogar.