El Concello debe pagar un millón de euros por el edificio de los bomberos

El Ayuntamiento tendrá que pagar irremisiblemente más de un millón de euros a la empresa constructora del edificio del parque de bomberos de Salgueiriños, que quedó inconcluso y hoy padece un serio deterioro. Una sentencia del Juzgado Contencioso-Administrativo número 1 dio la razón a la constructora Extraco, que reclamó el pago de la liquidación acordada con el Concello. Un acuerdo que, quizás, nunca debió producirse.

Y es que, cuando en el 2008 Raxoi advirtió un desfase entre lo proyectado y lo ejecutado, procedió contra el director técnico de la obra, Alberto Noguerol, y llegó a un acuerdo de resolución de contrato y liquidación con la empresa, a quien se le abonaría la obra hecha. Pero pasaron cuatro años y el Ayuntamiento no abonó nada. La empresa reclamó e Intervención respondió que no había consignación. En el 2012, tras las elecciones locales, la empresa recibió una negativa municipal a su derecho de cobro.

Como vio que el asunto iba a prescribir, Extraco presentó en el 2012 una demanda judicial para cobrar su deuda. Y en ese proceso el letrado municipal alegó la nulidad del acto del Concello de mutuo acuerdo con la empresa, rescatando las tesis jurídicas que se vertieron en otro juicio, el promovido por el arquitecto Noguerol contra el Ayuntamiento por rescindirle el contrato e incautar la fianza. No iba descaminado el abogado municipal, porque el arquitecto no era el único responsable del exceso de la obra, sino también la constructora.

No habrá apelación de Raxoi

Pero el Concello había suscrito un mutuo acuerdo en el 2008 con Extraco, y la jueza Carmen Veiras viene a señalar, en la sentencia que acaba de dictar, que Raxoi se acordó tarde de reclamar su nulidad. Así pues, debe abonarle a la inmobiliaria 1.018.000 euros y los intereses (que pueden superar los 100.000 euros). Además, la magistrada declaró que la deuda no había prescrito, como alegaba el Concello.

El gobierno local, tras asesorarse jurídicamente, no apelará la sentencia por considerar que sería un «recurso temerario» que incrementaría los costes. Eso sí, el costoso edificio (presupuestado en 1,8 millones) sigue ahí inutilizado y el alcalde se reunió ayer con el jefe del área urbanística, Ignacio Cerrada, para efectuar un estudio del mismo y verificar su viabilidad. El ejecutivo le buscaría una finalidad. De tener que demolerse, sería una gran inversión perdida. Lo que sí ha hecho el gobierno local es comunicar la sentencia a las administraciones cofinanciadoras (Xunta y Diputación) a las que (lo que puede ser otro golpe para Raxoi) el Concello no les comunicó ni el acuerdo mutuo ni el litigio entablado. Asumió solo el pleito.