El Concello tendrá que esperar al menos un año para recuperar las dos esculturas del Pórtico

La demanda que exige la devolución de las estatuas de Abraham e Isaac ya está en manos del juzgado de primera instancia de Madrid, competente en el caso de la presunta usurpación de las figuras por parte de la familia Franco. La reclamación por la vía judicial va acompañada de diversos documentos acreditativos de la propiedad de las estatuas y de las circunstancias que envuelven la salida de las figuras del maestro Mateo fuera de Santiago.

La compra municipal de las esculturas al conde de Ximonde estipulaba precisamente que las dos obras no podían salir de Compostela, pese a lo cual el alcalde Otero Aenlle se las cedió, o se las dejó llevar, al dictador y a su esposa, Carmen Polo. La hija de ambos es la persona demandada por el Ayuntamiento.

El Concello compostelano le había concedido un plazo de quince días a la familia Franco para que remitiese voluntariamente las esculturas a sus presumibles dueños y, en vista de que no hubo respuesta, anunció la interposición de la demanda. Desde este anuncio hasta la oficialización ayer de la querella ha transcurrido prácticamente un mes, un tiempo extraordinario que tampoco aprovechó Carmen Franco de Polo para llegar a un acuerdo con Raxoi. La apropiación indebida en estos casos no prescribe.

Según aclara Raxoi, la vía civil es la más adecuada, pero más lenta que la penal. La asesoría jurídica estima que en menos de seis meses no habrá una resolución judicial, y lo más probable es que se produzca dentro de un año. Es decir, la devolución de Abraham e Isaac, en caso de ser aceptada por el juez, habrá de esperar. Obviamente, no hubo que desplazarse a la capital de España. La demanda fue presentada a través de un poder notarial.

Además de abundar en los argumentos ya expuestos que avalan la propiedad municipal y supuesta apropiación indebida, la asesoría jurídica hizo valer la relevancia pública de la cuestión. La reclamación municipal ha sido objeto «de múltiples apoyos por parte de colectivos y asociaciones privadas, así como de instituciones públicas».

Menciona el texto de la demanda los innumerables ayuntamientos de Galicia (empezando obviamente por el de Santiago, del que deriva la demanda interpuesta), el Parlamento gallego y el Congreso de los Diputados, con acuerdos unánimes en todos los casos.