El ADIF también litigará con el Concello por el valor de los terrenos para la intermodal

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) y el Ayuntamiento dirimen actualmente en instancias judiciales sus diferencias sobre a quién corresponde asumir el coste del viaducto de Cornes, construido hace 15 años y que financió Renfe en base a un convenio entre ambas partes que habría de atribuir aprovechamiento lucrativo a favor de la entidad estatal (posteriormente crearía el ADIF para la gestión de sus bienes) en el desarrollo del área ferroviaria para la llegada de la alta velocidad.

La cuestión no es menor, porque la entidad dependiente del Ministerio de Fomento reclama a Raxoi prácticamente siete millones de euros, aunque los intereses, que también exige, acercarían esa cifra a los diez millones. Pero tampoco es menor su disconformidad acerca del coste de los terrenos objeto de expropiación en el ámbito de la estación de tren para asegurar la intermodalidad con la construcción de la nueva terminal de autobuses.

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias reclama prácticamente seis millones de euros por sus 12.574 metros cuadrados en la zona. El Concello, que solo le reconoce 11.849, rebaja el valor total a 49.884 euros, que serían algo más de 52.000 con el premio de afección del 5 %. Seis millones contra 52.000 euros. Las cuentas municipales cifran en 4,21 euros el valor del metro cuadrado, mientras que el ADIF lo hace en 451,50, lo que arroja 5,67 millones, que suben a 5,96 con la afección del 5 %.

Tal diferencia se explica por la distinta calificación del suelo que aplican una y otra parte. El Concello sostiene que se trata de suelo rural. Y ADIF, que es urbano consolidado, según el actual planeamiento general. Así lo defendió en sus alegaciones a la fijación del justiprecio por parte de Raxoi, alegaciones que el Ayuntamiento ha rechazado recientemente, al igual que la reclamación de los 725 metros cuadrados cuya titularidad se disputan.

La clasificación del suelo

Con esa diferencia, será el Jurado Territorial de Expropiación el que determinará el justiprecio. Porque el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias recurrirá en vía administrativa. Y lo hará posteriormente ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) en el caso de que la discrepancia persista una vez agotada la vía inicial.

El ADIF no está de acuerdo con la diferenciación sobre la clasificación del suelo que hace el Concello entre los terrenos situados al sur de las vías (los afectados) y los del norte (el suelo urbanizado entre el Ensanche y la estación). La ve arbitraria. Y defiende (en favor de su tesis de que todo el recinto ferroviario debe considerarse suelo urbanizado) que su propiedad en todo el ámbito opera como una unidad funcional indivisible; que cumple los requisitos que marca la ley para considerarlo un suelo en situación básica de suelo urbanizado, al estar integrado en la malla urbana; y que de la lectura de las obras a ejecutar para mejorar la intermodalidad se extrae que se está ante un solar que cuenta con todos los servicios.

El Concello, sin embargo, afirma que los terrenos de la parte sur están totalmente desvinculados de la trama urbana, porque la construcción de Clara Campoamor ni los integró en ella «nin os transformou de ningún xeito», afirma en la respuesta a esas alegaciones. Y cuestiona que una extensión de 11 hectáreas responda a una unidad funcional de explotación solo por ser de un único titular y que su afección original al servicio ferroviario tenga que presuponer que la calificación de todo el terreno tenga que ser igual, «como non o é».

La discrepancia económica es similar a la del viaducto de Cornes 

La cuantía del valor del suelo titularidad del ADIF que Raxoi aporta al proyecto de la intermodal no es un tema menor para ninguna de las partes. De hecho, la discrepancia monetaria es muy similar a la que ya las enfrenta por el viaducto de Cornes. Ahí, el ADIF exige cerca de 7 millones. El Concello solo asume uno. Eso sí, le reclama intereses desde el 2000, unos tres millones más.

En el caso de la intermodal, los intereses serían bastante más limitados, pero la discrepancia económica ronda igualmente los seis millones. El socialista Paco Reyes advirtió en el último pleno que no veía claro que el informe municipal asegurase «abondo» que no se perdería ante un posible recurso, lo que podría derivar en que «se teñan que asumir herdanzas», dijo, devolviendo a CA sus reiteradas críticas al PSOE por el litigio del viaducto.