Toda la oposición de Santiago pide un sistema de gestión de multas de tráfico alternativo

Toda la oposición coincide en que el Ayuntamiento debe buscar un sistema alternativo para la gestión de multas de tráfico que no pase por la externalización de un servicio en el que la concesionaria se queda casi con el 27 % de lo cobrado en fase voluntaria. Y la fórmula que ven más adecuada es la asunción directa de esa gestión por parte del Concello, según expusieron ayer en el debate plenario de la propuesta del PP para que el gobierno prorrogase el actual contrato con SCI solo por el plazo imprescindible para gestionar otro sistema, en vez de hacerlo por los dos años que permite añadir la adjudicación formalizada en el 2018.

El PP plantea también la posibilidad de que esa gestión se concierte con la Diputación, que se quedaría el 12 %, o que se programe ya otra licitación que redefina el porcentaje que se llevaría la concesionaria en función de las multas, de forma que se pondere a la baja su participación sobre los ingresos teniendo en cuenta, afirma el edil Alejandro Sánchez-Brunete, que las multas irán en aumento con el radar que funciona alternativamente en Conxo y el Restollal y con la pronta activación de los multamóviles.

El alcalde no comparte esa proyección del popular, basada, adujo, en las sanciones impuestas el pasado año, desde la puesta en marcha del radar de Conxo, y afirmó que finalmente primará el efecto disuasorio, como ocurrió con el del túnel del Hórreo, que ahora está en las 900 multas anuales, cuando en su primer año rondó las 7.000. Y auguró que este año habrá menos denuncias por ese radar «que nos tres meses que vostede contabiliza».

En todo caso, esos datos demuestran, añadió Bugallo, que ese radar era necesario en ese punto de la SC-20 -«agora todo o mundo reduce a velocidade»-, un punto que de nuevo cuestionó Brunete, quien insistió en sus sospechas de que esa localización respondió más al interés de la empresa que a la política de seguridad vial del gobierno, lo que negó Gonzalo Muíños (PSOE). «Foi decidida polo Concello en base un informe policial», dijo, un informe que para Brunete fue más una sugerencia. El socialista indicó que en el mandato del PP la gestión de las multas se contrató con el 30 % de coste.

Brunete, Xan Duro (CA) y Goretti Sanmartín (BNG) coincidieron en que la mejor opción es la prestación directa del servicio, aunque Duro no obvió el problema de personal por la tasa de reposición. Esa dificultad, el elevado número de expedientes (41.624 el pasado año) y la necesidad de resolver con diligencia sustentaron el rechazo del gobierno a la propuesta del PP. Según el alcalde, el servicio se externalizó en los años 90 porque entonces Raxoi no era capaz de recaudar más del 1,5 % de las multas y se le ofreció a la Diputación, pero esta lo rechazó al no ofrecérsele también la gestión de los tributos.