El Tribunal de Contratación anula los pliegos del concurso del transporte público urbano de Santiago

El Ayuntamiento deberá afrontar la revisión de los pliegos con los que ha salido a concurso la contratación del nuevo servicio de transporte público urbano. Los actuales han quedado anulados, después de que el Tribunal Administrativo de Contratación Pública de Galicia (TacGal) haya estimado parcialmente los recursos de tres operadoras, recursos que inicialmente motivaron la suspensión cautelar de la licitación y que ahora han derivado en la anulación de los pliegos, al asumir el tribunal autonómico parte de las alegaciones formuladas por dichas empresas.

Ese dictamen retrasará todavía más la renovación de un servicio cuyo contrato venció hace cinco años y que funciona con una flota muy envejecida y que arrastra notables carencias. De hecho, en diciembre pasado hubo que alquilar once autobuses para renovar otros tantos que ya no estaban para seguir rodando. La licitación ahora anulada, y que estuvo pendiente de salir durante todo el mandato anterior, se publicó finalmente a principios del pasado mayo, pero a finales de ese mismo mes el TacGal ya decretaba la suspensión cautelar tras la formulación de las alegaciones que acaba de resolver.

El nuevo gobierno municipal deberá valorar ahora si llega con revisar los pliegos en función de las consideraciones que ha admitido dicho tribunal o si hay que empezar de nuevo. De momento, advierte que esta situación «forma parte da débeda que deixou o PSOE» y afirma que es «unha proba da ineficacia do goberno saínte, con claras repercusións negativas para o conxunto da poboación». «Trátase dun atranco que atrasa a posta en marcha do novo servizo», afirma el bipartito BNG-CA, que sostiene que «traballará con toda a dilixencia para arranxar o proceso da licitación» con el objetivo «de que o novo servizo de transporte responda ás necesidades da veciñanza».

«Dende o goberno vanse estudar de urxencia as posibilidades que se abren a partir desta resolución, para resolver canto antes o procedemento», añade el bipartito, que apunta que el PSOE inició la licitación «un mes antes das eleccións, despois de catro anos de inacción e sen a mínima transparencia e sen o diálogo que esixe un contrato que ía ter un prazo de 13 anos e un orzamento de 86 millóns de euros».