La burocracia municipal demora la apertura de la residencia de mayores de Santiago

La nueva residencia de mayores de Santiago en O Restollal, construida y equipada con una inversión total de 25 millones de euros de la Fundación Amancio Ortega, está preparada para recibir a sus primeros usuarios. Pero pasa el tiempo y un atasco burocrático lo impide. Falta la licencia de primera ocupación, que debe ser otorgada por el Concello de Santiago y sin la cual no se pueden cerrar los trámites previos para que la entidad social a la que la Xunta le adjudicó la gestión de la residencia, Fundación de Estudios y Análisis (Fesan) inicie sus trabajos y sean citados los primeros usuarios, del total de 120, a los que la Consellería de Política Social les asignará, por riguroso orden de lista pública, cada una de las plazas.

Consultada por La Voz sobre la previsión de entrada en funcionamiento de la residencia de O Restollal, la consellería explicó que está a la espera de la licencia de primera ocupación, un trámite para el que ha tenido que cumplimentar una extensa documentación que abarca hasta 19 puntos. Hasta ahí parece todo normal, en el contexto de la profusa documentación requerida para la puesta en marcha de un centro asistencial de nueva construcción de estas características. No obstante, surge un problema con uno de esos puntos en concreto, al reclamar los técnicos municipales la certificación de la compañía suministradora de electricidad acreditativa de que la acometida eléctrica y la red respectiva son conformes.

Doble petición de un papel

Los contactos entre los técnicos del Concello y de la Consellería de Política Social no sirvieron para despejar este obstáculo, toda vez que los del departamento autonómico consideraban que no era necesaria esa certificación, al contrario que los del Concello. Más todavía cuando el edificio cuenta con suministro eléctrico contratado y totalmente normalizado y la consellería está pagando las facturas correspondientes, tal como comunicó la propia compañía suministradora.

Toda vez que los técnicos municipales insistieron en que esa certificación es imprescindible para otorgar la comunicación previa de primera ocupación, la empresa eléctrica, a instancias de la consellería y de la propia Fundación Amancio Ortega, accedió a emitir el documento requerido, de forma excepcional y para desbloquear este proceso.

Política Social explica que el pasado día 22 envió el certificado al Concello por los medios electrónicos habituales. El departamento municipal destinatario lo abrió, según le consta a la consellería, dos días más tarde. Y para sorpresa —e indignación— de los responsables autonómicos, ayer recibieron otro comunicado desde el Pazo de Raxoi reclamándoles el mismo papel, como si no hubiesen recibido el enviado el miércoles de la semana pasada, explican fuentes de Política Social antes de exponer con rotundidad su conclusión de que el trámite está parado en el Concello. Al mismo tiempo, afirman que la consellería tiene ultimados todos los trámites para iniciar la asignación de las plazas de la residencia y que si hoy mismo reciben la licencia de primera ocupación hoy mismo inician este proceso. Su intención era hacerlo antes de que concluya este mes o, como muy tarde, a principios de junio.

La adjudicación de plazas a las personas que están inscritas en la lista de espera del Programa de Asignación de Recursos de Atención Residencial y su notificación para formalizar los ingresos se realizará de forma paulatina y coordinada con la adjudicataria Fesan. Una vez notificados, los posibles usuarios tienen un plazo para contestar si aceptan o no la plaza. Los ingresos conllevan la realización de estudios interdisciplinares con un plan de actuación individualizado en coordinación con el residente y con su familia.

La residencia de mayores de Santiago y la de Lugo fueron las primeras entregadas llave en mano de las siete que construye y equipa la Fundación Amancio Ortega en cada una de las grandes ciudades gallegas y cuyas plazas, todas públicas, serán gestionadas previo concurso, como la compostelana y la lucense, por entidades que trabajan en el ámbito social.