Y Rufina se quedó sin su ascensor
Santiago
A sus 90 años, esta vecina de Santiago, ciega y con problemas de movilidad, ve como la burocracia ha bloqueado su libertad: «Estou enterrada en vida»
10 Aug 2024. Actualizado a las 05:00 h.
Rufina González Vigo espera en el salón de su piso de la plaza de León, en el barrio compostelano de Pontepedriña. En las paredes lucen varias fotos de sus hijos y nietos. En ellas sonríen felices, dichosos, ufanos… pero ella ya no puede verlos. A sus 90 años, en enero le reconstruyeron el ojo en el que había sufrido un trombo; mientras que el otro llevaba años mermado por un sinfín de dioptrías que ya no le permitían diferenciar caras, gestos u objetos. Completamente ciega, con varias operaciones en rodillas y cadera, confiesa llevar dos años enjaulada, incapaz de salir de su casa sin ayuda: «Estou enterrada en vida». En la comunidad de vecinos nada se sabe de las ayudas convocadas por el Concello de Santiago para dotar de ascensores a las viviendas de los barrios desfavorecidos. Un conflicto burocrático que arrancó hace más de un año entre Raxoi y el Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) frenó su instalación en el bloque de Rufina. Desde hace meses no han vuelto a tener noticias: «Canto daría por pulsar un botón e estar abaixo. Estaría todo o día na rúa, coma os rapaces».
En su estado, los 70 escalones que la separan del mundo se han convertido en un muro demasiado alto para que pueda superarlo sola. Rufina camina lento, supera con dolor cada escalón, respira hondo y va tanteando con sus dos bastones todo lo que hay a su alrededor para no tropezar. Para acudir al médico, una ambulancia debe esperarla en la puerta y dos técnicos suben a buscarla ataviados de una silla con la que la bajan. «Sinto moito medo, vou alí no alto e penso que vou a caer abaixo», confiesa mientras asume que jamás llegará a pulsar ese botón que le devolvería la libertad que le fueron arrebatando los años y las cicatrices que deja la vida: «Os xoves ven unha voluntaria que traballa de enfermeira e axúdame a baixar. Pasea unha hora comigo e algunha vez quedo abaixo ata que ven a miña filla para axudarme a chegar á casa».
Subir los 70 escalones le lleva unos 20 minutos. Necesita parar en cada descansillo, en los que ha colocado unas banquetas de madera que utiliza para tomar aire y reunir fuerzas para continuar el camino: «¿Sabe o que é levar dous anos sen apenas sentir o sol, sen poder falar cos veciños? É horrible, o da vista é horrible, pero agora isto faino aínda peor. Cantas amigas virían a visitarme se tivera o ascensor!».
El piso al que se mudó en los años 70 fue el hogar donde creció una familia, pero ya lleva dos años convertido en una jaula de la que Rufina es incapaz de salir. Confiesa que teme morir sin poder volver a sentirse libre: «Paso os días aquí, sentadiña, contando as horas pasar. Non llo desexo a ninguén. Se houbera ascensor, os poucos días que me queden de vida serían moi diferentes. Vería aos meus veciños, falaría cuns e con outros, podería volver aos talleres de memoria e ao centro sociocultural. Podería visitar de novos ás miñas amigas e iría a buscar o pan á tenda que me queda aquí ao lado».
Ese anhelo que verbaliza con voz entrecortada parte el alma mientras Rufina comienza a asimilar que todo quedará en un sueño que difícilmente se convertirá en realidad. Al lado del sofá en que descansa, una vieja radio se ha convertido en la compañía que no puede buscar en la calle. Después de una vida batallando, comienza a rendirse mientras el ascensor, que por momentos pareció tan cerca, se ha alejado casi definitivamente. Un botón que al pulsarlo la devuelva a la vida, esa es la última voluntad que se le esfuma a Rufina González.
Raxoi negó la ayuda por una deuda del IGVS que la entidad no reconocía
La maraña burocrática a la que se enfrentaron los vecinos del número 2 de la plaza de León, en Pontepedriña, fue una concatenación de mensajes cruzados entre el Concello de Santiago y el Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS), dependiente de la Xunta. Según trascendió en septiembre, Raxoi negó la ayuda porque en el bloque había un piso perteneciente al IGVS, que el instituto gallego aseguraba que no le pertenecía. Desde aquel momento no se supo más del conflicto, aunque vecinos del inmueble reconocen que «temos pendente aínda a resolución do Valedor do Pobo, pero é algo anecdótico xa que non hai nada que facer».