El Supremo da la razón a la Diputación frente al Concello de Ordes en el litigio sobre las bases del POS Adicional del 2020

El Tribunal Supremo acaba de dar la razón a la Diputación coruñesa en el conflicto judicial con el Concello de Ordes por la modificación de las bases reguladoras del Plan de Obras y Servicios + 2020 (el POS, conocido como Plan Único) para regir los planes adicionales 1 y 2 de aquel año. Al igual que en otros ejercicios, el ayuntamiento ordense defendía que la adhesión del municipio al Plan Único era competencia del alcalde o de la junta de gobierno local, por delegación del regidor, frente al criterio de la entidad provincial de que esa decisión se adoptase por acuerdo plenario. En plena pandemia, esas modificaciones del 2020 indicaban que si la solicitud de incorporarse a esos planes adicionales al principal la hacía un órgano distinto al pleno, este debería ratificarlo en la primera sesión posterior.

Así que el Concello de Ordes interpuso recurso contra esa modificación en el contencioso-administrativo nº 1 de A Coruña. Fue desestimado, pero la sección tercera de la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) sí estimó la apelación del Concello. De modo que la Diputación coruñesa presentó recurso de casación ante el Tribunal Supremo, que acaba de fallar a su favor. Desde la institución provincial destacan que cinco sentencias judiciales avalan su postura, refrendada por el Supremo, añadiendo que Ordes es el único de los 93 concellos de la provincia que ha recurrido varios años las bases del Plan Único, pese a que ha supuesto duplicar la inversión de la Diputación en el municipio. Señalan así que frente a los 648.679 euros que recibió en el 2014, con el gobierno del popular Diego Calvo, en el actual ejercicio alcanza 1.562.034 euros.

La Diputación coruñesa defiende que la solicitud de participación en el Plan Único y el destino final de los fondos debe decidirse mediante acuerdo plenario, como recogen sus bases, ya que la participación en el plan implica decisiones de carácter presupuestario y la aceptación de competencias hecha por otra administración pública. Desde la entidad apuntan que los reiterados recursos del Concello de Ordes en esta cuestión, llegando a pleitear hasta el Supremo, han supuesto una pérdida de tiempo, medios y dinero público, ya que el ayuntamiento fue condenado a asumir las costas judiciales en más de una ocasión, y califican de incomprensible que lo haga con un plan que ha beneficiado objetivamente al municipio: el gobierno de Valentín González Formoso duplicó más del 100 % la aportación anual de la Diputación al municipio, aseguran.

El ayuntamiento, con más recursos en trámite, cree que el fallo no resuelve el debate de fondo

El Concello considera que la sentencia del Supremo no resuelve el objeto de debate entre Diputación y ayuntamiento, que es cuál es el órgano competente para acordar la participación en el Plan Único: «Lo que viene a decir el Supremo es que como no habíamos recurrido el POS principal, no podía ser objeto de recurso el POS adicional», señala el secretario municipal, que sostiene que el fallo no dilucida si es el alcalde o el pleno quien debe decidir sumarse al plan. El alto funcionario dice que aún quedan por resolver recursos presentados por el ayuntamiento: frente al Plan Único del 2022, y también frente a la ordenanza reguladora del plan aprobada por la Diputación. La clave de la cuestión estriba, explica, en la llamada cláusula residual de la Ley de Bases de Régimen Local, «que dice que todas las competencias que no estén atribuidas al pleno por ley, corresponden siempre al alcalde». Y entiende que es el caso.

El regidor de Ordes, Martínez Sanjurjo, había explicado hace un año el porqué de los litigios contra las bases del Plan Único: porque en el 2017, cuando gobernaba en minoría, fue la oposición quien decidió obras «de moi díficil execución, obrigando a facer múltiples modificacións dos proxectos». Es lo que trata de evitar con esos recursos, aunque él ahora tiene mayoría absoluta.