Los cinco imputados por la gestión de la Fundación Cela, citados esta semana en Padrón

La titular del Juzgado número dos de Padrón, María Salomé Martínez Bouzas, tiene citados para esta semana a cinco personas imputadas en el procedimiento abierto por supuestas irregularidades en la gestión económica de la Fundación Camilo José Cela, situada en Iria-Flavia, antes de que fuera rescatada por la Xunta y se convirtiera en pública en el año 2012. 

Así, el martes declararán la que fuera presidenta de la fundación y viuda del escritor, Marina Castaño, y el exgerente de la entidad, Tomás Cavanna. Ambos están imputados por posibles delitos de malversación de fondos público, fraude en subvenciones y apropiación indebida. 

El miércoles, la jueza tomará declaración al expatrono de la fundación, Dositeo Rodríguez, a su hija Covadonga (la actual directora) y al que fuera secretario, José Luis Delso. Los tres están imputados por un presunto delito de malversación de fondos públicos, por la indemnización por despido que recibió Tomás Cavanna, de 150.000 euros.

 La jueza entiende que el despido fue «simulado» para «favorecer económicamente» a Cavanna y se basa en el intercambio de correos que hubo entre Marina Castaño, Covadonga Rodríguez y los otros dos, en uno de los cuales la viuda de Cela justificaba la cantidad del despido en que los «servicios prestados» por Cavanna «le hacen merecedor de una ilimitada generosidad». Con la declaración de los cinco imputados, el juzgado avanza en la instrucción de la denuncia presentada en el año 2012 por la Fiscalía de Santiago contra Marina Castaño y Tomás Cavanna, en principio por malversación de fondos públicos y con base para investigar otros. 

El Ministerio Público denunció la existencia de una sociedad privada, Lengua y Literatura, constituida con un 80 % de capital aportado por la Fundación Cela y un 20% por Marina Castaño a través de otra sociedad (Letra y Tinta), que «tenía una finalidad real desconocida, que pudiera encubrir devoluciones de IVA», que en principio no le corresponderían a la fundación, exenta de tributación. 

La Fiscalía también denunció gastos privados a cargo de la fundación, financiada en su mayor parte con fondos públicos, como la contratación de un trabajador como ordenanza de la entidad pero que, supuestamente, prestaba sus servicios en el domicilio de Marina Castaño en Madrid. Esta persona, Rubén Darío Vargas, también fue imputada, aunque no está citada a declarar.