Juzgan diez años después a tres «hackers» que usaron ordenadores zombis contra una empresa de ciberseguridad de Teo

La tecnología lo ha cambiado todo. Nuestra forma de relacionarnos y comunicarnos, de trabajar y también de delinquir. Buena prueba de ello es el juicio que se celebrará en la sección sexta de la Audiencia Provincial, la que tiene su sede en Santiago, donde en el banquillo se sentaran tres hackers acusados de un ciberataque que causó daños a una empresa con sede en Teo especializada en la ciberseguridad, Tarlogic Security. La Fiscalía pide un total de siete años de prisión y 45.000 euros de multa para cada uno de ellos y exige una indemnización de 15.000 euros para la firma perjudicada.

El escrito de acusación asegura que entre julio y septiembre del 2013, los tres procesados, que tenían 40, 33 y 27 años de edad en aquel momento, se pusieron de acuerdo para causarle un grave perjuicio a Tarlogic Security. Lo hicieron presuntamente a través de una red Botnet, un procedimiento conocido como ordenadores zombis, y mediante el programa Free radio network, que facilitaban en la web radioenlaces.net y que previamente habían modificado con un código malicioso.

Con este sistema infectaron, según la Fiscalía, ordenadores de múltiples usuarios de toda España «que después utilizaban para provocar numerosos ataques de denegación de servicios a la empresa». De esta forma, mediante múltiples y masivas peticiones fragmentadas, así como continuas consultas realizadas en su mayor parte desde la IP webfusión internet solutions, en la que se encontraba alojada la web radioaficionados.org.es, hicieron que el servidor de Tarlogic se sobrecargara y no pudiera prestar los servicios alojados en su IP, por lo que dejaron de funcionar.

El ciberataque causó múltiples perjuicios a la empresa con sede en Teo, que sufrió la denegación de servicios a sus diferentes webs alojadas en sus servidores. Además, tuvo que restaurar los sistemas a su estado original, desperfectos que se han cuantificado en 15.000 euros, que es la misma cantidad que ahora se reclama a los tres acusados como indemnización.

La Fiscalía califica los hechos como un delito de daños del artículo 264 bis 1a y 2 del Código Penal, en relación con el artículo 1.2 apartado segundo y quinto, que castiga a los que, sin estar autorizados y de manera grave, obstaculizaran o interrumpieran el funcionamiento de un sistema informático ajeno. También los considera responsables de un delito del 264 ter a, que también regula estas conductas en internet. Por el primero les pide seis años de cárcel y multa de 45.000 euros y por el segundo otro año más de prisión.