¿Qué hace y qué más podría hacer la USC para garantizar que los estudiantes tengan acceso a una vivienda en Santiago?

Un problema recurrente que lleva arrastrando durante años el alumnado de la Universidade de Santiago (USC) y también toda la ciudad compostelana es el del acceso a la vivienda. Los estudiantes lo notan más que nadie, pues cada septiembre tienen que hacer un nuevo hogar en un piso diferente de la capital, convenciendo a su casero de que son la mejor opción o, en el mejor de los casos, quedarse en el mismo pero viendo como sube su renta mensual. Los cambios no son para mejor, pues el mercado inmobiliario compostelano esconde auténticas ruinas con precios disparatados con respecto a hace unos años, con subidas de, tranquilamente, unos cien euros por vivienda de un curso para otro.

Ante tal panorama, las instituciones, del tipo y signo político que sean, están tomando decisiones para ayudar a los jóvenes a emanciparse. Desde la Xunta de Galicia, con sus subvenciones del Programa de axudas ao alugueiro de vivenda, hasta el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana con su bono joven de ayuda al alquiler o a través de la ley de vivienda que entró en vigor este mismo año. Ahora bien, todas estas medidas buscan ayudar a los jóvenes trabajadores, en ningún caso a las familias cuyo hijo o hija se cambia de ciudad para ir a estudiar.

Para eso, por supuesto, existen las becas del Ministerio de Educación y Formación Profesional, cuyo importe en el caso de la USC ascendió a 4.200 euros de subvención media por alumno durante el curso pasado. Eso se debe a las ayudas energéticas extraordinarias del año pasado que recibió el todo el alumnado beneficiado por las becas, que ascendieron a un importe de cien euros y durante cuatro meses. Queda la incógnita de qué va a pasar este curso que comienza en unos días, pues sin esa ayuda energética y teniendo en cuenta el valor medio de las ayudas, los estudiantes compostelanos con derecho a beca recibirán unos 425 euros cada mes del Gobierno, si se divide el montante total entre los nueve meses que duran las clases.

El importe, además, tarda en llegar a las cuentas bancarias de los beneficiados, por lo que muchos pasarán sus primeros meses en Santiago sin ningún ingreso pero pagando su piso desde el minuto uno. Por ello, cabe preguntarse si, de todos modos, ese dinero que llega desde las instituciones es suficiente. El alquiler por habitación en Compostela ronda ya los 270 o 300 euros, sumando gastos derivados de agua y luz. A la ayuda estatal se puede sumar también alguna, más bien escasa, que aportan los concellos de origen de sus estudiantes para patrocinarles su transporte a casa durante las vacaciones.

Las residencias, solución escasa

La USC no pone de su parte más allá de ofrecer plazas en residencias públicas. Sobre ellas se está redactando un nuevo decálogo de convivencia, ajustado a las reclamaciones de los alumnos y pactadas con el gobierno universitario, motivadas por los problemas del final del curso pasado en el colegio mayor Fonseca. Estos problemas derivan de una situación puntual, de dos colegialas que presuntamente permitían dormir en sus habitaciones a sus parejas de manera irregular, pero sirvió su defensa para que el resto de los alumnos que vivían en la residencia se mostrasen en contra de muchos comportamientos «abusivos» por parte de la dirección del centro y de todo el sistema universitario de residencias.

A mayores de problemas puntuales, las residencias de la USC han recibido críticas por parte del alumnado residente, señalando que sus espacios son mejorables en cuanto a condiciones de vida. No solo eso, las quejas también se escuchan al hablar sobre las escasas plazas disponibles, dado que para las 910 totales de la actualidad se registran más de 3.100 solicitudes, de modo que más de 2.200 personas se quedarán fuera de los centros simplemente por falta de espacio en ellos. Además, quien tiene una plaza tiene un tesoro, pues de esas 910 personas tan solo dejarán sus habitaciones unas 200.

Es por ello que se ve con buenos ojos por parte tanto del Concello de Santiago como de la USC la creación de una nueva residencia de titularidad privada en el viejo hospital de Galeras, cuyo edificio se encuentra actualmente próximo a la ruina. Queda mucho todavía por delante para que las puertas de esa futura residencia se abran y alberguen a los 400 estudiantes que se proyectan dentro de sus muros, pero el hecho de que su propiedad sea privada hace pensar que quizás el componente social de la vivienda se diluya en favor de los intereses empresariales, de modo que la masa estudiantil compostelana no vea mejorar su situación de acceso a un lugar donde vivir.

Existen otros proyectos de este estilo, como el que pretende devolver la vida universitaria al casco viejo compostelano a través de un edificio cuya fachada mira a la plaza de San Martiño Pinario. Se espera que este centro tenga 14 plazas, por lo que no serán baratas debido a su escasez, características y ubicación ni tampoco una solución al problema de fondo que vive Santiago.

Las administraciones públicas no atacan el problema

Además de las ya mencionadas aportaciones económicas en forma de beca, que representan el mismo camino que se usaba antes de la crisis de la vivienda, poco movimiento existe por parte de los gobiernos. Existen ayudas a la emancipación para jóvenes, pero dejan fuera a los estudiantes al no percibir un sueldo la mayor parte de ellos, condición indispensable para acceder a las subvenciones.

En cuanto a la ley de vivienda, más de lo mismo, pues con ella se asegura que no subirá la renta mensual de los alquileres de larga duración, que no tienen los de los estudiantes al firmar contratos de tan solo nueve o diez meses. De ese modo, su inseguridad ante el casero es total, pues llegado junio y terminado el acuerdo, tiene la capacidad de poner sobre la mesa el mismo contrato del año pasado pero con la subida de precio que a él le dé la gana, a sabiendas de que si no son los muchachos del año pasado, serán otros los que firmen, tal y como está el mercado compostelano.

A finales de julio de este mismo año, el grupo del PSOE en el pleno del Concello de Santiago propuso la creación de una bolsa de apartamentos de alquiler para estudiantes en colaboración con la Xunta y con la USC. La moción fue aprobada por todos los grupos de la izquierda y la abstención del PP, después de que el BNG propusiera no vincular esos futuros pisos para estudiantes a parcelas concretas dentro de la ciudad ni tampoco construir vivienda nueva, sino recuperar otra vieja y en mal estado. Acciones como esta dejan claro que tanto la USC como los diferentes grupos políticos compostelanos están comenzando a actuar.

Buscar ejemplos fuera

Existen otras universidades, públicas, de todo el Estado que sufren en las carnes de sus alumnos problemas similares a los que tienen los estudiantes de la USC. Del mismo modo, otras ciudades universitarias, monumentales y turísticas como pueden ser Granada, Salamanca o Valladolid también padecen de la falta de vivienda y se mueven para solucionarlo.

Centros como la Universidad Pública de Navarra, la Universidad de Granada o la Pontífica de Salamanca, esta privada, tienen en sus propias páginas web un portal con anuncios de pisos para sus estudiantes. Esta última, la salmantina, posee también un programa con el cual pretende unir a estudiantes con personas mayores que viven solas, para que compartan piso.

Existe también uno similar en la Universidad de Oviedo, en su campus de Gijón, donde su ayuntamiento ha buscado vías para que el alumnado que los visite durante los cuatro años de carrera pueda permitirse un hogar. Es el propio ayuntamiento quien ofrece ayudas en los pagos de los alquileres a los jóvenes, pudiendo estas llegar al 50 % del total del importe de cada mes. No solo eso, luego el servicio sigue con el consistorio ofreciéndoles apoyo para la emancipación dentro de la ciudad, algo que fija población.

El modelo de la Universidad de Valladolid también busca la colaboración con su ayuntamiento, pero de un modo distinto a las subvenciones directas. Allí se habilitan desde el año 2007 pisos en edificios de protección oficial que tienen como vecinos a personas mayores que viven solas también en el propio inmueble. No se ceden las viviendas, sino que se ofrece un alquiler muy barato, que puede bajar a los 30 o 40 euros, dado que además se trata de barrios «conflictivos», según las propias instituciones que coordinan el proyecto. Todas estas ofertas se hacen a cambio de ayudas de voluntariado con los vecinos.

Por último se puede tener en cuenta el caso de la Universidad Complutense de Madrid, donde existe un programa de acogida para estudiantes Erasmus que plantea intercambios entre los alumnos salientes y los entrantes. Esto es, un estudiante madrileño que se marche a Berlín o a París de Erasmus cederá su habitación a su colega berlinés o parisino, del mismo modo que ellos lo harán con él en la que será su ciudad de acogida.