Protestas por la rebaja en la calidad de las ortoprótesis subvencionadas

Los propietarios de tiendas de ortopedia de toda España se concentraron ayer ante la sede del PP en Madrid para reclamar la retirada de una orden ministerial que supondrá, según dicen, la mayor crisis del sector en los últimos 30 años. A la movilización, que reunió a unas 500 personas en la calle Génova, se unieron los representantes de Galicia, que consideran la normativa «un atraso inaceptable» en la ya precaria situación del servicio sanitario.

El presidente de la Asociación de Técnicos Ortopédicos de Galicia (ATOG), Jorge Ruibal, explicaba ayer en qué consisten sus quejas por la nueva norma: alarga el tiempo de duración de los productos; se elige un importe de financiación máxima muy bajo y excluyente; la Administración pagará menos porcentaje a los establecimientos; y el momento elegido parece incluso electoralista -los comicios de diciembre son generales y el servicio está transferido-. Otra queja a nivel nacional es que se establece el pago adelantado por parte del usuario, algo que en Galicia ya funcionaba desde el 2013 y que supuso que unas 15.000 prótesis recetadas por los médicos no se retirasen de las tiendas.

Deben durar más

Los técnicos destacan, en lo que afecta a Galicia, especialmente los dos primeros puntos. Por una parte, se aumenta el tiempo de duración de un producto de forma llamativa, lo que incide directamente en la calidad de vida e incluso en el bolsillo de los usuarios. Ruibal pone un ejemplo: «Una silla de ruedas eléctrica dura unos tres años, pues ahora la Administración dice que tiene que durar hasta cinco. Esto supone que si el usuario quiere salir de su casa tendrá que abonar de su bolsillo una silla eléctrica hasta que pasen los dos años restantes y pueda solicitar otra».

El siguiente asunto que les preocupa, y mucho, es el catálogo de productos. «Galicia tenía un mal catálogo, pero este es peor», apunta Ruibal. Y explica: «En todos los casos se elige el producto más barato, sin otra consideración, y por ejemplo se excluyen del catálogo subvencionado todas las prótesis que tengan titanio o fibra de carbono. ¿Qué prótesis no tiene hoy eso? Y por ejemplo los corsés tienen que ser de cuero, que eso es algo que no se usa desde hace 40 años». Ruibal vuelve otra vez al ejemplo de la silla de ruedas eléctrica para explicar cómo ha empeorado la situación en Galicia: «Hasta ahora tenemos en el catálogo sillas de 3.500 a 4.000 euros, pero con la nueva normativa no llegan a los 3.000».

Lo malo de este sistema es que o aceptas lo que marca el catálogo o no te llevas nada. «Nosotros proponemos -dicen los ortesistas- el sistema lógico, es decir, que uno reciba el dinero de la prótesis que establece la Administración. Si no quiere o puede pagar más, se queda con ese producto, pero si opta por uno mejor recibe el dinero del modelo básico como una ayuda».

Talleres para adaptar las piezas

También se quejan los propietarios de los establecimientos especializados del porcentaje de ganancia que se les deja: «Nos consideran meros expendedores de un producto, pero no es así. Nosotros tenemos talleres porque muchos de nuestros productos se tienen que adaptar al usuario, y constantemente tenemos que ir al hospital o a las viviendas para colocar prótesis», un gasto que no se tiene en cuenta.

Los productos de apoyo para la vejez seguirán siendo cien por cien privados

Galicia no sale beneficiada con el cambio en la normativa, aunque el pago por adelantado, que se ha convertido en una de las principales quejas en el conjunto del país, no ha supuesto una novedad porque ya se aplicaba aquí tras el decreto del 2013. Pero a cambio tampoco tiene ninguna de las mejoras que podrían haberle correspondido por unificar criterios. Por ejemplo, en Galicia no se contemplaba la subvención de plantillas ortopédicas, y la situación se mantendrá así.

Jorge Ruibal reconoce que hace tres años, cuando comenzaron las negociaciones con la Administración sobre el nuevo catálogo y condiciones, en el sector estaban esperanzados porque por primera vez se iban a igualar las prestaciones en todas las comunidades autónomas, entre las que había enormes diferencias en la atención, pero se hizo «por abajo».

Los ortesistas gallegos lamentan además que se haya perdido la oportunidad de incluir en el catálogo alguno de los productos de apoyo que están vinculados a la vejez. «Galicia -recuerda Ruibal- es la región más envejecida de Europa» y requiere una política sociosanitaria acorde a su situación, que tendrá que seguir esperando.

Y en cuanto al futuro más inmediato, desde ATOG se apunta que con la llegada del nuevo conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuíña, tendrán que volver a comenzar las negociaciones, ya que la anterior titular de la cartera, Rocío Mosquera, sabía perfectamente cuáles eran sus peticiones.