El almacén de gas Castor se hizo sin un estudio previo de riesgo sísmico

La mayor infraestructura prevista en España para inyectar y almacenar gas a 1.750 metros de profundidad frente a las costas de Castellón se acometió sin un estudio previo sobre los riesgos sísmicos que podía ocasionar esta actividad, un fallo de previsión que se saldó con más de 600 pequeños terremotos en la zona que obligaron a paralizar el proyecto en septiembre del 2013 y a indemnizar a la empresa promotora Escal -participada en un 67 % por la empresa ACS de Florentino Pérez y en un 33 % por la canadiense CPL- con 1.350 millones de euros que saldrán del bolsillo de todos los españoles a través de la factura del gas.

Es lo que parece confirmarse de la declaración de Jesús Gómez de las Heras, ingeniero de minas del Instituto Geológico Minero de España (IGME) y coordinador y firmante del estudio encargado por el Ministerio de Industria en el 2007 para valorar la idoneidad de la ubicación como depósito de gas. Dos años después, el Gobierno de Zapatero emitió una declaración ambiental positiva del denominado proyecto Castor, lo que permitió iniciar la inyección de gas a mediados del 2013. De las Heras es el primer imputado en la causa abierta por el juzgado de instrucción número 4 de Vinarós (Castellón) por supuestas irregularidades en la tramitación de la concesión de explotación de Castor. Pero este técnico, ya jubilado, no es el único encausado. También lo están dos ex directores generales del Ministerio de Industria; otros tres cargos del Ministerio de Medio Ambiente, cuatro personas vinculadas al IGME y todo el consejo de administración y el representante legal de la empresa Escal, la promotora de las obras. Son, en total, veinte las personas imputadas por prevaricación ambiental, que deberán responder ante un delito contra el medio ambiente y los recursos naturales.

El juez mantiene la imputación

Jesús Gómez de las Heras, para el que el juez mantiene la imputación, aseguró que desconocía el riesgo de sismicidad de la zona, cuando el Mediterráneo en general es una zona geológicamente activa, y que si no se hizo un estudio sobre la posibilidad de que la inyección a presión del gas causase pequeños terremotos fue porque no se lo habían pedido. «Su declaración se ha limitado a poner de manifiesto que él únicamente informó sobre los extremos que le habían sido requeridos y que desconocía por completo la existencia de riesgos de sismicidad en la zona», explicó Jorge Casal, el abogado de la Asociación Nacional Arca Ibérica, que ejerce como acusación popular, en declaraciones recogidas por Europa Press. «No tenía constancia de estos riesgos porque en los extremos sobre los que debía de versar su informe no se le había planteado esta cuestión», añadió el letrado.

También dijo que desconocía las sucesivas advertencias del colectivo Observatorio del Ebro, que desde el 2005, en cuanto se presentó el proyecto, venía alertando del riesgo sísmico en la zona y de que la inyección de gas a presión produjese terremotos.

Tras los más de 600 seísmos que se produjeron en septiembre del 2013 en el entorno de la plataforma Castor, la Fiscalía acordó incoar de oficio diligencias de investigación penal que han desembocado en la denuncia presentada en diciembre del 2014, de la que ayer comenzó un juicio que puede prolongarse aún durante varias semanas.

El Estado pagará a la empresa 1.350 millones de euros de indemnización

El Consejo de Ministros aprobó hace justo un año revertir al Estado la licencia de explotación del almacén de gas Castor, lo que en la práctica supuso la cancelación oficial del proyecto. El permiso había sido concedido a Escal, la empresa participada por ACS y la canadiense CPL, a la que ahora se tendrá que indemnizar con 1.350 millones de euros. El primer abono se realizará el 25 de abril del 2016 y la cantidad total se satisfará en las facturas de la luz de los 30 años siguientes.