El pago por derechos de autor, un dolor de cabeza internacional

No solo los comercios españoles que ponen de fondo algún tema sujeto al pago de derechos de autor deben abonar un canon a organismos como la Sociedad General de Autores (SGAE). Ocurre también en países del entorno cercano, donde la gestión que llevan a cabo entidades cuyos ingresos supuestamente revierten en las cuentas de los autores tampoco está exenta de polémica. Falta de claridad o unas tarifas que algunos ven con exageradas centran el debate. Esto es lo que ocurre en algunos de esos países:

Alemania

La GEMA solo repartió en el 2015 la mitad de su recaudación entre sus socios. El equivalente alemán de la SGAE se llama GEMA, acrónimo de Gesellschaft für musikalische Aufführungs und mechanische Vervielfältigungsrechte y data del año 1903. Su labor consiste en gestionar, con el consentimiento del Estado, los derechos de autor de los cerca de 70.000 afiliados que tiene a día de hoy, así como los de aquellos músicos, extranjeros o no, que sin estar representados por ella han dado su visto bueno, y cuya cifra roza ya los dos millones.

Su amplia lista de contactos y de tarifas hace que a la GEMA no se le escape ningún medio que desee reproducir contenidos musicales en público sin pagar el canon correspondiente, que la entidad distribuye posteriormente entre los autores y editores. Ni siquiera el gigante YouTube, que tras siete años de litigios, accedió el pasado noviembre a retribuir a la GEMA, a cambio de que esta desbloquee sus vídeos, que hasta entonces no podían ser visualizados en Alemania. Pero la empresa, que cuenta con unos 1.000 empleados, no está exenta de polémica. Y es que de los 807 millones de euros que ingresó en el 2015, no repartió ni siquiera la mitad entre sus miembros.

Reino Unido

Una tarifa diferente, según el uso que se dé a los temas. La PRS for Music (PRS) es la entidad que gestiona los derechos de comunicación pública de los autores de música en el Reino Unido. También fija tarifa que han de pagar las tiendas pequeñas por los temas que usan. La media anual que deben de abonar varía en función de factores tan dispares como el tamaño del local o el uso que vaya a dársele a cada canción. No es lo mismo utilizarla como ambiente que para un evento o desfile especial. Como ejemplo, un local de 100 metros cuadrados deberá abonar al año 163,7 libras esterlinas (190 euros).

Esta tarifa estándar está pensada para una tienda en la que trabajan hasta un máximo de cinco empleados. Las canciones podrán sonar en el lugar donde estos atienden al público, en las salas de descanso del personal, los almacenes y en las oficinas secundarias.

La entidad usa el argumento de que el 91 % de los gerentes y propietarios de negocios creen que la música hace a los clientes y el personal más felices para justificar el abono de un canon. Además añaden que un 90 % de los compradores dicen que son más propensos a recomendar una tienda que reproduce música.

Pero a comienzos del año pasado la cadena británica M&S decidió implementar una nueva política libre de música en sus 300 tiendas de ropa, hogar y alimentación. Fue debido a la queja refrendada por un estudio que decía que personas con problemas de audición pueden desorientarse con la música de fondo. Con la puesta en marcha de esta práctica, M&S consiguió ahorrar miles de libras al año.

Italia

Protestas por la escasa transparencia. En Italia desde 1882 el monopolio de la gestión de los derechos de autor está en manos de la Società Italiana degli Autore e degli Editori (SIAE), que desde el 2008 está calificada como «ente público económico». Las innumerables protestas de autores sobre la poca transparencia en la gestión de los más de 400 millones de euros que cada año distribuyen, a las que se han unido las quejas de los comerciantes y responsables de locales públicos por las altas tarifas impuestas para poder tener música en sus locales, han hecho que el monopolio de la SIAE empiece a resquebrajarse.

Una sentencia del Tribunal de Milán, siguiendo las directrices europeas antimonopolio, declaró en el 2014 legal la sociedad Soundreef, de capital italiano pero con sede en Londres, fundada por Davide D’Atri. Opera en 22 países y su facturación supera los 2.000 millones de euros. A diferencia de la SIAE, que obliga a una cuota de inscripción a los artistas de 280 euros anuales, en Soundreef los autores y las etiquetas discográficas se pueden inscribir gratis y en sus listas ya están varios músicos importantes italianos. La empresa propone paquetes de música ambiente para comercios, pubs o peluquerías con tarifas hasta un 50 % más baratas que las de la SIAE donde un comercio de 51 a 100 metros cuadrados paga al año 48,60 euros por retransmitir radio y 111,90 euros por usar lectores multimedia, mientras un bar de entre 76 y 250 metros cuadrados paga 59 euros al año por la radio y 179 por los lectores multimedia.

El tono amenazante de la SIAE hacia el que no paga la tasa para emitir música y las duras sanciones, que pueden incluir la cárcel, son regularmente denunciados por los comerciantes que ven con poca simpatía esta cuota que muchos consideran un abuso.