El Gobierno defiende que la sanidad universal ahorrará costes al sistema

El acceso a la atención sanitaria en condiciones de equidad y de universalidad será a partir de ahora un derecho de toda persona. Es lo que recoge el decreto ley sobre acceso universal al Sistema Nacional de Salud aprobado ayer por el Consejo de Ministros y que deroga el anterior aprobado por el PP en el 2012. De esta forma, cualquier persona de nacionalidad española o los extranjeros que tengan residencia en el país, aunque se trate de simpapeles, podrán ejercer el derecho básico a la sanidad.

«La titularidad del derecho a la asistencia en el Sistema Nacional de Salud se basa en la condición de ciudadanía y, por tanto, de desliga de la condición de asegurado», recalcó la ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Carmen Montón. «Una sociedad justa no deja a nadie atrás», aseguró. 

Promesa

El acuerdo responde a la promesa realizada hace unas semanas por la propia titular de Sanidad, pero quizás lo más relevante es el hecho de que desde el ministerio se asegura que la aplicación de la norma no supondrá un mayor coste para las arcas públicas. «La atención normalizada en atención primaria -sostiene- permite un mejor control de las enfermedades y de la salud pública y evita descompensaciones en enfermedades que provocan atenciones urgentes y hospitalizaciones. Por ello, además de la ganancia en salud individual y colectiva, es menos gravoso para el sistema sanitario».

Aquellas que, aunque no tengan su residencia habitual en España, también tendrán reconocido su derecho a la asistencia sanitaria en el país «por cualquier otro titulo jurídico», como son los pensionistas españoles que no residen en el país o los trabajadores desplazados y los transfronterizos. Los colectivos no registrados ni autorizados como residentes en España tendrán derecho a la protección de la salud en las mismas condiciones que las personas con nacionalidad española. Es el caso de los turistas. Sin embargo, para estos últimos se han establecido criterios que eviten el uso inapropiado del derecho a la asistencia sanitaria, de forma que la factura correspondiente no correrá a cargo de fondos públicos siempre que exista un tercero obligado al pago o se pueda exportar el derecho de cobertura desde su país de origen. Lo que se pretende en estos casos es evitar el turismo sanitario, que hace unos años incluso propiciaba que ciudadanos británicos, especialmente, aprovecharan sus vacaciones en España para operarse, con el coste que ello suponía.

Las oenegés aplauden la medida frente a la «agresión» del anterior decreto

Las oenegés han aplaudido la decisión del Gobierno, a la vez que han pedido campañas de formación para que el personal sanitario pueda informar correctamente a las personas inmigrantes sobre sus derechos. En concreto, la responsable de Comunicación de Red Acoge, Emma Garrido, celebró la vuelta al «centro de los derechos de las personas» al tener la sanidad «como un derecho propio». En la misma línea se pronunció Médicos sin Fronteras, que recordó que la reforma sanitaria del PP «supuso una agresión sin precedentes al excelente Sistema Nacional de Salud español».