Uber y Cabify presionan al Gobierno al dejar de operar desde hoy en Barcelona

La guerra del taxi en Barcelona puede cobrarse en breve sus primeras víctimas. Son los 3.500 conductores de empresas de VTC que operan con Uber y Cabify que, a partir de hoy, corren el riesgo de quedarse sin trabajo. Las dos principales operadoras tecnológicas de vehículos VTC anunciaron ayer que abandonan el mercado de Barcelona. Lo hacen porque consideran que se les «expulsa» de Cataluña, ya que no pueden hacer frente a la nueva normativa sobre VTC que entra hoy en vigor y que la Generalitat aprobó el martes.

El Gobierno catalán cerró con esa decisión una crisis, contentando a los taxistas, que días atrás estaban en pie de guerra y que colapsaron la Ciudad Condal durante una semana. Pero ha abierto un nuevo frente, en este caso con las compañías de VTC, que ya han anunciado su marcha, lo que deja el mercado de transporte de pasajeros herido de muerte en Barcelona. Son unas 75 empresas las que operan con la plataforma de tecnología de Uber y Cabify y algunas de ellas, como Vector Ronda, una de las de mayor dimensión, anunció ayer un ERE para los mil trabajadores que tiene en la ciudad. Además de miles de despidos, los operadores VTC amenazan con querellas criminales, hasta 19, contra la Generalitat y el Ayuntamiento de la capital catalana, pues creen que pueden haber incurrido en un delito de prevaricación. Mientras, reclamarán indemnizaciones millonarias a la administración catalana, en torno a mil millones.

«Ante las restricciones a las VTC aprobadas por la Generalitat, nos vemos obligados a suspender el servicio de UberX en Barcelona», afirmó la compañía estadounidense. «La obligación de esperar 15 minutos para viajar en una VTC no existe en ningún lugar de Europa y es totalmente incompatible con la inmediatez de los servicios bajo demanda», añade. Cabify habló de que siente «expulsada» de Barcelona. «Como empresa española, no puede sino lamentar que la Generalitat haya cedido a la presión y exigencias del sector del taxi, perjudicando gravemente el interés ciudadano», asegura la compañía.

«No hay problema»

Quien avivó el fuego de la crisis fue ayer el ministro de Fomento, José Luis Abalos, quien culpó al Gobierno anterior y, en parte, a las comunidades autónomas del alto grado de conflicto alcanzado entre los sectores del taxi y de los vehículos de transporte de viajeros con conductor en régimen de alquiler. Y a los partidos de la oposición, especialmente el PP, les animó a dejar las «ocurrencias» a un lado y debatir en el Congreso.

«Escucho todo tipo de propuestas y no hay problema, porque está abierto el plazo de enmiendas», señaló durante su comparecencia en la comisión de Fomento de la Cámara Baja en relación a la tramitación ahora como proyecto de ley de su polémico decreto 13/2018 de octubre sobre este asunto. En dicho texto se habilita a las administraciones territoriales a regular la actividad de los VTC y se da una moratoria de cuatro años para que puedan hacerlo.

«El decreto no obliga a regular», puntualizó, para acto seguido advertir a las comunidades de que si no lo hacen en ese tiempo luego «las VTC no podrán dar servicio en ese territorio».