Los taxistas gallegos piden que los vehículos VTC se reserven con tres horas de antelación

El sector del taxi gallego quiere lograr una solución similar a la de Cataluña para su conflicto con los vehículos VTC. La Xunta, por ahora, no la descarta. Aunque se trata de un plazo más alto (tres horas frente a los 15 minutos ampliables a una hora que establece el Govern), desde el gobierno autonómico se han comprometido a analizar las posibilidades que tienen para regular la limitación del tiempo. En cualquier caso, fuentes de la Xunta indican que es necesario analizarlo porque actualmente el marco normativo es complejo y, desde su punto de vista, otorga poca seguridad jurídica.

Desde la Consellería de Infraestructuras e Mobilidade sostienen que esa cuestión debería tener una regulación a nivel estatal, al tratarse de un problema también estatal que se produce en diferentes ciudades de la misma manera. En estos momentos, el Real Decreto Ley 13/2018 deriva ese aspecto a las comunidades autónomas y ayuntamientos. Para la Xunta eso no ha hecho más que agravar el problema desde el mes de agosto.

Estas fuentes sostienen que el Ministerio de Fomento legisló sin dialogar e intentó transferir el problema, «pasándole la patata caliente a las comunidades autónomas». Eso supone, subrayan las mismas fuentes, dejar en manos de las autonomías las posibles compensaciones económicas a los VTC por pérdida de derechos. Ayer mismo el director xeral de Mobilidade Ignacio Maestro insistía tras una pregunta de En Marea en el Parlamento en la necesidad de establecer un marco claro a nivel nacional que garantice de manera clara la competencia leal entre los taxis, Uber y Cabify, teniendo en cuenta los derechos de los usuarios.

Mientras el debate político continúa, la incertidumbre en la que lleva instalada el sector del taxi gallego desde hace meses. El presidente de la Federación Galega de Autónomos del Taxi, Manuel Sánchez Quindimil, apela al pragmatismo y a las soluciones que se han encontrado en otros lugares: «Si el problema ya se ha resuelto en otras comunidades autónomas, ¿por qué no lo vamos a resolver aquí?», dice.

 El portavoz de los taxistas admite que la situación ideal pasa porque exista una legislación a nivel estatal regulando la cuestión, tal y como demanda la Xunta. Pero pone sobre la mesa la realidad: «¿Lo tenía que hacer el gobierno central? Sí», expone. «Pero el problema es que no lo está haciendo, así que lo tienen que hacer los ayuntamientos y las comunidades autónomas para que la situación no vaya a peor y luego sea difícilmente reversible».

Pendiente de reunirse de nuevo con los responsables de Infraestructuras, los taxistas gallegos tienen claras sus reivindicaciones. Además de esa precontratación con tres horas de antelación, Quindimil insiste en la necesidad de imponer el ratio de un vehículo VTC por cada 30 coches. «También pedimos que este tipo de vehículos esté en el garaje aparcado hasta que tenga que hacer un servicio, no dando vueltas por ahí».

En A Coruña, donde opera Cabify desde el año pasado, la situación dista mucho de la conflictividad de Madrid o Barcelona. Sin embargo, la tensión existe. Los taxistas se quejaron de que usaban sus paradas de taxi y que andaban por las zonas de ocio para recoger a gente. Desde Cabify se negaron estas prácticas.

 Dos caras: Madrid y Cataluña

En Cataluña se asumió rápidamente la necesidad de regular la actividad de las VTC a nivel autonómico. Tras varias jornadas de huelga regadas de incidentes en las calles de Barcelona, el Govern anunció un decreto con un punto clave: los coches de Uber y Cabify tendrían que ser reservados con quince minutos de antelación. A mayores, permite que en los ayuntamientos se pueda elevar ese tiempo hasta los 60 minutos. Esta decisión ha tenido una consecuencia inmediata: el abandono de Uber y Cabify de las calles de Barcelona, al considerar que con esas reglas no pueden trabajar.

En Madrid, por su parte, el gobierno autonómico se opuso siempre la modelo catalán. El presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido insistía el lunes que no aceptará propuestas de los taxistas para legislar contra los VTC, una postura que mantuvo desde el principio del conflicto sin cambios.

En el País Vasco también se ha abordado el problema poniendo la venda antes de la herida. Aunque en ninguna ciudad opera Uber ni Cabify, el gobierno autonómico ha llegado ya a un acuerdo con el sector del taxi y se deberán precontratar con una hora de antelación. La misma solución se perfila en Valencia.