Respiración asistida para un encuentro que no llega a un pacto

Una cumbre sin acuerdo pasará a la historia como una derrota. De ahí que en la COP25 se haya intentado mantener las constantes vitales de la cumbre con un tiempo extra de prórroga y negociadores que, desfibrilador en mano, intentan que la conferencia de Madrid desemboque en un pacto para incrementar los esfuerzos que permitan reducir los gases de efecto invernadero.

Es difícil explicar por qué los negociadores no son capaces de llegar a un consenso que afronte el vertiginoso cambio climático, la mayor amenaza de la humanidad y el planeta. A una cumbre como la de Madrid las delegaciones gubernamentales y las organizaciones que participan en las negociaciones llegan con intensos trabajos previos de reuniones de carácter internacional. En teoría, las cumbres sirven para hilar un documento de consenso, pero no siempre es así.

En la Zona Azul, el área de Ifema custodiada para la cumbre por la seguridad de Naciones Unidas, se concentran las delegaciones de casi dos centenares de países que protagonizan numerosos encuentros de alto nivel en los que se intentan buscar acuerdos en medio ambiente.

A veces las negociaciones se estancan por una simple coma o un párrafo y es frecuente que las reuniones acaben en vía muerta. En el caso de las conversaciones de Madrid las tensiones tienen su origen en la regulación del mercado de derechos de emisiones. El próximo año el Protocolo de Kioto deja paso a las medidas propuestas en el histórico acuerdo de París en el 2015, pero tanto la sociedad como una parte importante de los países, son conscientes de que es necesario realizar una revisión al alza de los objetivos de reducción de emisiones.

Paralelamente a la celebración de la COP25 en Madrid, las autoridades ambientales europeas discutían en Bruselas la aprobación del Plan Verde de la UE. Esta ambiciosa estrategia contempla la reducción del 100 % de las emisiones de dióxido de carbono (CO2) en territorio europeo de aquí al 2050. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, puede presumir de haber superado el veto de Polonia y el escepticismo de algunos países como Alemania, para poner en marcha un plan que contempla reducir las emisiones en un 55 % en el 2030 y alcanzar la neutralidad en tres décadas. Pese a ser aprobado, la palidez de este acuerdo radica ahora en la desconfianza de algunos estados miembros en alcanzar unos objetivos que consideran demasiado ambiciosos.

Con una bolsa de inversión por parte de la UE cifrada en 100.000 millones de euros, el camino de la descarbonización puede suponer el espaldarazo definitivo a la economía circular y a la transición hacia un nuevo modelo energético y de movilidad, algo que también se dibuja como una oportunidad de desarrollo socioeconómico.

Al Gore, ex vicepresidente de EE. UU. y premio Nobel de la Paz, destacó durante su participación en la cumbre la ambiciosa apuesta de la UE. Sin embargo, no todos los países que participan en las negociaciones de la COP25 están dispuestos a plantear objetivos de reducción de emisiones de este calado. India, China, Rusia o los Estados Unidos no están por la labor. También son reacios un buen número de países en vías de desarrollo que denuncian falta de recursos para afrontar el coste que supone adoptar tecnologías y medios para reducir las emisiones más allá del Acuerdo de París.

Mientras en el terreno político la presión llega a la hora de acordar el porcentaje de reducción de emisiones, la cumbre de Madrid ha servido de altavoz para una sociedad civil que demanda una actuación firme ante las amenazas del cambio climático y no está dispuesta a aceptar la pasividad de los gobernantes.