El Gobierno cambia el conteo de fallecidos para incluir a los que mueren fuera de los hospitales

Nuevo giro del Gobierno para intentar contabilizar los muertos por COVID-19, después de que se volviese a evidenciar que la contabilidad oficial del Ministerio de Sanidad no refleja la realidad de las cifras. El Boletín Oficial del Estado (BOE), publica hoy una una orden, que modifica la que se sacó el 15 de marzo, y que implicará cambios en el conteo oficial de víctimas.

Así, desde hoy mismo, las comunidades autónomas están obligadas a comunicar todos los casos de fallecimiento por COVID-19, independiente del lugar donde se produzca la muerte. ¿Qué es lo que cambia? Las comunidades, al principio, le estaban remitiendo a Sanidad únicamente los datos de fallecimientos en los hospitales, ya que lo único que ponía en la primera orden del BOE publicada por el Gobierno, con fecha del 15 de marzo, era que había que informar de los casos dados de alta por defunción. 

Pero, de esa forma, quedaban fuera las muertes que se producían en residencias de ancianos, en domicilios o incluso en la calle. Entonces, Sanidad dictó el día 4 de abril una orden ministerial para que se informase detalladamente dos veces a la semana de los positivos y los fallecidos de las residencias. Pero esa contabilidad no era fácil e incluso las comunidades más cumplidoras se toparon con problemas para hacer el cómputo. No en vano, hay usuarios de residencias que también fallecen en hospitales. Así que es preciso hilar fino para evitar duplicidades. Otras comunidades autónomas, según el Ejecutivo, se retrasaron a la hora de mandar esas cifras y todavía están en ello.

En ese contexto, Cataluña dio ayer un dato escalofriante tras solicitar cifras a sus servicios funerarios. Solo esa comunidad informó de que tiene 7.097 muertos y no los 3.855 que le notificó al Gobierno, al contabilizar también los muertos en residencias y domicilios. Es decir, el desfase de cifras es abismal.

De ahí se pasa a la orden publicada hoy, en la que se obliga a las comunidades a contabilizar todos los fallecimientos sean donde sean. Pero, además, en la orden publicada hay otros cambios. El más significativo es que se dejan de pedir datos diarios a las comunidades sobre los test diagnósticos (PCR) que se realizan, algo que hasta ahora sí que era obligatorio.

Más allá de estas dos circunstancias, en la nueva normativa se establece que las autonomías deberán informar sobre todos los casos positivos confirmados mediante PCR o test rápidos, diferenciando aquellos pacientes que presentaron síntomas de los que estaban asintomáticos. Igualmente, es obligatorio seguir informando de todos los casos confirmados en profesionales sanitarios.

En la misma línea, las comunidades tienen que remitir numerosos datos más, como los casos acumulados totales confirmados que han ingresado en hospitales, las cifras de ocupación de las UCI o las altas. Y todos los datos deberán remitirse diariamente en el intervalo horario de las 20.00 a las 21.00 horas.

A mayores, cada día, entre las 13 y las 14.00 horas, las comunidades tienen que dar cuenta de su capacidad asistencial en sus hospitales públicos y privados. Así, deben informar de cuestiones como el número total de camas ocupadas por casos de COVID-19 y por personas sin el virus. También cuestiones como la presión en urgencias. Y, a partir de hoy, el Gobierno también reclama información sobre el número de equipos de ventilación mecánica invasiva y el número de ambulancias medicalizadas y no medicalizadas. Además, cada semana, deben enviar a Madrid datos sobre las existencias que tienen de mascarillas, equipos de PCT, hisopos, guantes, gafas de protección, batas y solución hidroalcohólica.

Aún así, pese a este nueva orden, es probable que los datos oficiales sigan sin representar del todo la realidad. ¿Por qué? Porque fallecieron, y seguramente sigan muriendo, pacientes con síntomas compatibles con COVID-19 a los que no se les pudo hacer el test y tampoco se les practicó la autopsia.