Inminente estado de alarma para frenar la expansión del virus

El estado de alarma es inminente en España. El Gobierno no descarta convocar un Consejo de Ministros extraordinario este fin de semana para volver a colocar al país en un régimen que permite aplicar medidas excepcionales en situaciones de extrema necesidad. Sin embargo, quiere garantizarse primero los apoyos necesarios para poner mantenerlo más allá de los 15 días que la Constitución le permite aplicarlo sin el visto bueno del Congreso. El Ejecutivo negocia con el PP, después de que Ciudadanos haya ofrecido sus diez votos a Pedro Sánchez, entendiendo este instrumento como un paraguas jurídico del toque de queda que han empezado a aprobar las comunidades.

La puerta la abrió ya el presidente del Ejecutivo en su comparecencia de la mañana, donde anticipó que «vienen meses muy duros». Subrayó que las comunidades son las responsables de las medidas que se deban ir adoptando, pero que si una de ellas alcanza un nivel de alerta «extrema», está en su derecho de requerir de iniciativas excepcionales que «podrían» necesitar el sustento del estado de alarma. Las autonomías enseguida recogieron el guante. Hasta seis comunidades y una ciudad autónoma solicitaron ayer al Gobierno retomar este mecanismo para, con la ley en la mano, poder restringir la movilidad de sus ciudadanos. Primero fue el País Vasco, al que posteriormente se sumaron Extremadura, Asturias, La Rioja, Cataluña, Navarra, Cantabria y Melilla. Castilla-La Mancha se reunirá este sábado con la misma hoja de ruta: solicitar el amparo nacional. «España no puede ser un puzle y menos un rompecabezas, tiene que haber un patrón», consideró su presidente, Emiliano García-Page.

Gestión de las comunidades

El melón lo abrió el lendakari Iñigo Urkullu al reclamar formalmente que Sánchez instaurase una alarma en toda España, pero gestionada por los presidentes autonómicos. Argumentó que el Gobierno vasco tiene las manos atadas para aplicar medidas restrictivas, que la transmisión es comunitaria en todo el territorio español y que hay autonomías limítrofes que están adoptando decisiones avaladas por los tribunales que afectan a la movilidad entre regiones.

Minutos más tarde, Asturias se sumaba a esta petición, que acotaba a sus dominios. Nunca antes había registrado tantos contagios como ayer: 323. «Desde el principio dijimos que no podíamos quedarnos inmóviles, que teníamos que tomar decisiones drásticas para salvar vidas», manifestó Adrián Barbón Rodríguez en una comparecencia en la que anunció el cierre perimetral de las tres grandes ciudades asturianas: Oviedo, Gijón y Avilés.

La presión siguió incrementándose a lo largo de la tarde. Extremadura decidió seguir el mismo camino, insistiendo en que si recurre a esta herramienta no es para confinar a los ciudadanos, sino para frenar sus movimientos nocturnos, es decir, para establecer un toque de queda al que ve tres ventajas: se actúa sobre uno de los focos que provoca el mayor número de contagios, el ocio no controlado; evita que la gente se reúna en el interior de los locales, algo cada vez más frecuente con el frío, y permite tener un horario en consonancia con el de otras comunidades que también declaren el estado de alarma.

El presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, señaló que para la hostelería esta medida únicamente supondrá adelantar el cierre una hora y que, con el objetivo de atenuar este golpe, el Gobierno regional ya está contactando con los distintos agentes económicos y sociales.

También La Rioja tuvo que enfrentarse este viernes a su peor dato de contagios: 174 infectados en 24 horas. Fue el resorte que movió a su jefa de Gobierno, Concha Andreu, a requerir este instrumento, en su caso de manera coordinada en el conjunto del Estado. Enseguida se apuntaron también a la demanda Navarra y Cataluña, que dejaron muy claro que en caso de que se apruebe quieren ser autoridades competentes en su gestión. Melilla tampoco tiene dudas: «La ciudad está a punto de entrar en el colapso» sanitario, reconoció su presidente, Eduardo de Castro. Su intención es poner coto a los movimientos nocturnos «para impedir botellones y fiestas privadas en domicilios y garajes».

La reactivación del estado de alarma no es sinónimo de confinamiento. Se trata de un instrumento constitucional para agilizar las medidas restrictivas, para poder encajar legalmente las decisiones cada vez más expeditivas que se toman para intentar frenar la transmisión descontrolada del virus en España. «Debemos adoptar las medidas necesarias para frenar los contagios causando el menor daño económico posible y las menores restricciones para las libertades personales —señaló ayer Sánchez—. Y estamos listos para adoptar todas y cada una de las medidas».

Una prórroga requiere la autorización obligatoria del Congreso

COLPISA, M. E. A.

El estado de alarma vuelve a estar en el centro del debate político. Son ya cinco las comunidades (Asturias, Cataluña, Extremadura, La Rioja y País Vasco) que han pedido al Gobierno hacer uso de esta herramienta constitucional para frenar el empuje de la pandemia. El 26 de agosto Pedro Sánchez ya ofreció este mecanismo a las autonomías si lo necesitaban. El jefe del Ejecutivo explicó entonces que serían los propios líderes regionales los que tendrían que defender esa petición en el Congreso y, en caso de ser necesaria una prórroga, para la que es imprescindible la autorización de la Cámara baja, contarían con el respaldo parlamentario del Gobierno. Tanto la duración como las medidas que se apliquen durante la misma tienen que ser aprobadas por mayoría. El Ejecutivo contaría de entrada con los 155 diputados del PSOE y Unidas Podemos, más los diez de Ciudadanos, que se ofrecieron a respaldar esta medida excepcional para contener la segunda ola de coronavirus. También podría contar con el respaldo de los partidos minoritarios, como pasó durante el estado de alarma que el Gobierno impuso en todo el ámbito nacional, y con el del PNV. Aunque Esquerra y Junts per Catalunya ya advirtieron a Sánchez de que el estado de alarma limitaba derechos fundamentales y apostaron por modificaciones en las actuales leyes sanitarias, que la Generalitat lo haya solicitado hace presuponer que de solicitar una prórroga lo apoyarían con sus votos en el Congreso.