El Congreso abre la puerta a investigar los abusos sexuales en la Iglesia

El Congreso abrió este martes la puerta a investigar los casos de agresiones o abusos sexuales a niños y adolescentes cometidos por cualquier persona vinculada a la Iglesia católica española o sus instituciones, sea el autor un sacerdote, un religioso o un seglar. Se trata de la primera vez que la Cámara Baja acepta debatir y votar la posibilidad de crear una comisión de investigación para esclarecer los episodios de pederastia en parroquias, colegios, catequesis, seminarios, conventos o cualquier otro centro u organización católica del país, una iniciativa impulsada por los grupos más a la izquierda ya en varias ocasiones y que siempre se había estrellado antes incluso de nacer por la oposición de PSOE y PP.

La Mesa del Congreso, con la mayoría absoluta que suman PSOE y Unidas Podemos y la oposición de los tres miembros de PP y Vox, calificó la propuesta de comisión de investigación presentada hace una semana por el grupo morado, por Esquerra Republicana y por EH Bildu y ordenó su envío a la Junta de Portavoces, donde los representantes de todos los grupos decidirán si la iniciativa puede ir a pleno para su debate y aprobación y en qué momento lo hará.

El PSOE, que es el grupo clave para decidir tanto sobre la admisión como sobre el éxito de la propuesta, permitió la tramitación después de que la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, recibiese un informe de los servicios jurídicos en el que se señala que la iniciativa de los grupos de izquierda se ajusta a la ley, al reglamento y a las competencias del Legislativo tanto desde el punto de vista formal como del su finalidad.

La iniciativa, no obstante, aún no tiene asegurado su éxito. Para ello tiene que lograr mayoría simple en el pleno -más votos a favor que en contra- y el PSOE, el grupo indispensable para contrarrestar el no de la derecha, aún no ha dado a conocer la postura exacta que mantendrá sobre este asunto en el pleno. La Junta de Portavoces, en cualquier caso, no podrá incluir este punto en el orden del pleno al menos hasta el 17 de febrero, pues la semana próxima no habrá sesión por la celebración de elecciones en Castilla y León.

Los socialistas tienen margen antes de desvelar su posición, pero cada vez parece más claro que deberán favorecer alguna fórmula de investigación civil de la pederastia en la Iglesia española, por convencimiento propio y por la gran presión de las víctimas y de sus socios de gobierno y parlamentarios. El PSOE podría sumarse a la apertura de una comisión de investigación parlamentaria, con las condiciones y límites que crea convenientes, pero también podría inclinarse por la propuesta del PNV, que defienden la creación de una comisión de expertos independiente. Como ya se ha hecho otros países, este grupo debería elaborar sin prisa una pesquisa exhaustiva sobre los abusos sexuales en las organizaciones de la Iglesia, pero ajena a la lucha partidista, los intereses políticos o el espectáculo y las filtraciones. El trabajo, que puede durar años, se plasmaría en un informe que se presentaría ante el Parlamento, la institución que luego debería acordar las propuestas y resoluciones políticas a la vista de las conclusiones de la investigación.

La vía de la investigación parlamentaria se abre justo en paralelo con el intento de la Fiscalía General del Estado de realizar la primera radiografía en España sobre las investigaciones judiciales vivas de delitos contra la libertad sexual de menores cometidos por pederastas vinculados a la Iglesia o sus instituciones. Dolores Delgado, al frente del Ministerio Público, remitió el lunes pasado una instrucción a todos los fiscales generales de los tribunales superiores autonómicos para que en el plazo de 10 días le remitan comunicación sobre todas las indagaciones penales de este tipo que existan en su ámbito jurisdiccional. Deben informar de cualquier investigación, sea previa en la Fiscalía o esté ya judicializada a través de una denuncia o una querella ante los tribunales. La idea es saber cuántos casos de este tipo existen, por qué motivos y cuál es su estado. La información, además de permitir adoptar iniciativas para la mejora de estas y otras investigaciones, hará posible elaborar una estadística sobre el particular, ahora inexistente.

Iglesia opaca

Será una radiografía parcial, la punta del iceberg, pues solo recogerá las denuncias vivas ante la justicia. No incluirá ni los casos ya cerrados o juzgados en el pasado, ni los que tramita la justicia eclesiástica sin noticia en el ámbito civil, ni, sobre todo, la inmensa mayoría que sigue oculta, pues los expertos calculan que, en en el cálculo más optimista, las víctimas denuncian ante la Iglesia o ante la justicia el 25 % o el 30 % de los abusos o agresiones reales.

Lo cierto es que no hay datos al respecto. La Iglesia española, que durante décadas miró para otra parte y tapó e incluso ignoró los casos de los que tenía noticia, ha reconocido su culpa, empujada por el papa, y ha creado oficinas en cada diócesis para recoger denuncias y ayudar a las víctimas. Al tiempo, se ha comprometido, ahora sí, a investigar cualquier incidente y a comunicarlo a la justicia si hay visos de delito.

Sin embargo, a diferencia de lo ocurrido en territorios como Francia, Portugal, Alemania, Países Bajos, Australia o Irlanda, los obispos españoles rechazan realizar una investigación completa sobre el volumen actual e histórico de la pederastia en su seno. Solo hay dos datos sobre la mesa. La Congregación vaticana para la Doctrina de la Fe, la heredera de la Inquisición, informó de que en sus archivos consta la investigación eclesiástica de 220 casos de abusos achacados a religiosos españoles en las dos últimas décadas. El diario El País reunió y entregó recientemente al papa y a la jerarquía eclesiástica española documentación y denuncias de ciudadanos que apuntan a que 251 religiosos o seglares católicos serían los responsables de abusos sexuales sobre 1.237 víctimas durante su niñez o adolescencia.