La nueva ley de residuos: agua gratis en restaurantes, cobro de los envases de comida y bebida para llevar, y luz verde a las playas sin tabaco

Nace una norma que cambiará la vida diaria de los españoles. Desde el próximo 1 de enero los vasos, tapas, tapones y recipientes de plástico de las bebidas y comidas para llevar se le cobrarán al cliente aparte, se consuman en el propio local o en casa. Es una de las decenas de medidas de la Ley de Residuos y Suelos Contaminados que el Congreso aprueba este jueves definitivamente y envía al BOE para su entrada en vigor. Sus objetivos son terminar con el plástico de un solo uso, disparar la reutilización y el reciclaje y reducir al mínimo el uso de vertederos.

La norma, que saldrá adelante con el respaldo de los partidos del Gobierno, de Ciudadanos, PNV y EH Bildu, la abstención del PP y el rechazo de los independentistas catalanes y de Vox, marca como objetivo para 2030 que el uso de nuevas materias primas para producir bienes se reduzcan en un 30 % —evitando expoliar la naturaleza— y que la cantidad de residuos que son reutilizados y reciclados y vuelven a la cadena de producción y consumo alcance al menos un 55% del total en el 2025, un 60 % en el 2030 y un 65 % en el 2035.

Con ambas estrategias se apuesta por una economía circular y sostenible, que reduce el despilfarro de materiales, acaba con el concepto consumista de usar y tirar, y minimiza los millones de toneladas de basura que terminan en los vertederos. Trata de darle la vuelta a la dinámica española actual, un auténtico lunar dentro la UE, que entierra en vertederos el 53 % de sus residuos y que solo reutiliza un 35 % (una mitad reciclaje y la otra abonos). De los 22 millones de toneladas de desperdicios urbanos que genera España al año no reutiliza ni ocho.

Para lograr estos objetivos, la norma prohíbe la destrucción de excedentes industriales, declara la guerra al plástico de un solo uso, reduce el desperdicio alimentario, aumenta al máximo la recogida selectiva a domicilio, y desalienta con impuestos el recurso fácil a los vertederos.

La reducción de la cantidad de residuos, señala la ley, tiene que empezar por la propia producción, que no solo debe utilizar más materiales reciclados sino que no debe despilfarrar materia prima. Debe ajustarse lo más posible a sus posibilidades de venta. La norma prohíbe la destrucción de excedentes (ropa, electrodomésticos, electrónica, juguetes), con incentivos a la donación y a otros usos alternativos, y exige mayor vida útil (más garantías y reparabilidad).

Otra de las patas básicas es la guerra al plástico de único uso. Solo representa el 10 % de los residuos, pero los más contaminantes. Aunque casi con un año de retraso, con la publicación en el BOE deben desaparecer de tiendas y bares los platos, vasos, cubiertos, pajitas, bastoncillos, removedores de plástico y los recipientes y vasos de poliestireno expandido. Y con el objetivo de usar cuanto menos botellas mejor, los bares y restaurantes están obligados a ofrecer a sus clientes vasos y jarras de agua del grifo, siempre gratis.

Devolver el casco

La idea de la ley es que cada vez sea menos rentable emplear este material. Los productores de botellas y otros envases de plástico no reciclable tendrán que pagar desde el 2023 un impuesto de 45 céntimos por kilo y cada vez deberán pesar menos (la mitad que ahora de inmediato y un 70 % menos en el 2030). Pero el acoso no termina ahí. Desde el próximo año todos los vasos, tapas y recipientes de este material para las bebidas y comidas para llevar se cobrarán aparte al cliente, y año y medio más tarde (julio del 2024) no se podrán vender recipientes de más de tres litros. A partir de 2025 no se podrán comercializar botellas de plástico salvo que incluyan al menos un 25 % de material reciclado, que en 2030 deberá llegar al 30%. Para 2025 deber haber sistemas de recuperación para estas botellas, pues habrá que reciclar el 77 % de las vendidas, cantidad que llegará al 90% en 2029. Se podrá en marcha un sistema de depósito, devolución y retorno de envases, similar al que antiguamente se resumía en la frase 'devolver el casco a la tienda'.

Recogida de aceites y ropa

A la actual recogida selectiva obligada de vidrio, papel y envases domésticos, se generalizará en el 2022 la de residuos orgánicos (en 2024 en pueblos pequeños), que dispondrán de su propio contenedor. Se trata de algo vital, pues el 40 % de los desperdicios españoles son biológicos y solo se recupera el 17 %. Irá acompañada de un objetivo de reducción del desperdicio alimentario del 20 % para el 2030 en hogares y empresas.

Antes de la Nochevieja del 2024, la ley obliga a que haya también recogidas específicas de aceites de cocina usados, de toda clase de textiles, de residuos voluminosos como muebles y colchones, y de residuos domésticos peligrosos (pilas o aparatos electrónicos). Desde el 2022 también será obligatorio que en obras y demoliciones se separe madera, minerales, metales y vidrio y antes del 2025 se fijará un porcentaje mínimo de recuperación de artes de pesca.

Impuesto verde

Todas las medidas, que deberían facilitar un mayor reciclaje y reutilización, irán acompañadas de un impuesto que deberán pagar los gestores de residuos (públicos o privados) por las toneladas que lleven a vertederos o plantas incineradoras. La ley armonizará las tasas que ya cobran algunas autonomías para que sea obligadas y similares para todas las comunidades, con el cobro de entre 1,5 y 40 euros por tonelada vertida, según el material. Se trata, en definitiva, de convertir el vertido en la opción menos deseable.

Los ayuntamientos podrán prohibir fumar en las playas

La norma recupera el canon hidroeléctrico, que deberán pagar las compañías titulares de centrales de este tipo ubicadas en el dominio público, y autoriza a los ayuntamientos a aprobar normas locales que prohíban fumar en las playas y arrojar colillas y que lo castiguen con multas de hasta 1.000 euros.

El fin del amianto

La ley también ordena que los municipios elaboren un censo con las edificaciones o lugares públicos con amianto en sus territorios porque este material cancerígeno prohibido ya en el 2002 deberá desaparecer de estos inmuebles con el 2028 como fecha límite, empezando por colegios, hospitales, centros de día y residencia de mayores.