El PP dará su apoyo a la ley socialista para abolir la prostitución

Cada vez hay más elementos que indican que la prohibición de la prostitución en España podría estar muy cerca. Por primera vez, incluso hay posibilidades de que la abolición de este negocio, que en la mayoría de ocasiones vive y se lucra de las explotación sexual de las mujeres, sea una realidad antes de que acabe esta legislatura, en principio en otoño del 2023.

El pleno del Congreso debatirá la semana próxima la proposición de ley del PSOE que pretende convertir en delito lucrarse con la prostitución, clausurar los burdeles y multar a los puteros y los socialistas ya saben que tienen asegurada la admisión a trámite. Con independencia de lo que digan sus socios parlamentarios habituales, en su gran mayoría nada proclives a perseguir la industria de la prostitución, el pleno, por una muy amplia mayoría, dirá a la Cámara Baja que puede empezar a elaborar la ley abolicionista y abrirá el camino político de su futura aprobación.

La razón es que los 89 diputados del PP sumarán el martes por la tarde sus síes a los 120 socialistas, con lo que el comienzo de la tramitación de la ley la garantizan más del 60 % de los escaños del hemiciclo haga lo que haga el resto de grupos. La posición favorable del PP al fin del negocio de la prostitución no es una sorpresa para el partido de Pedro Sánchez, pues los populares ya estuvieron hace dos semanas dispuestos a aprobar el grueso de los contenidos de la actual proposición socialista en forma de enmienda a la ley del solo sí es sí, enmienda que el PSOE retiró a última hora ante la amenaza de los nacionalistas de impedir, en caso contrario, la aprobación de la norma para lucha contra las violencias sexuales.

De hecho, la enmienda fallida recogía ya literalmente todos los cambios del Código Penal incluidos en la proposición de ley salvo el castigo penal de los puteros, que supondría una importante multa como norma general y de 1 a 3 años de cárcel si la mujer prostituida es una menor o está en situación de «vulnerabilidad».

División parlamentaria

Si PSOE y PP son capaces de convertir el acuerdo inicial en un pacto, limando matices y diferencias en la fase de enmiendas, la suma de votos de estos dos partidos aseguraría mayoría absoluta en ambas cámaras y, por lo tanto, la aprobación de la ley al ritmo que ellos decidan marcar. Su acuerdo minimizaría la importancia de la postura del resto grupos, con ERC, Ciudadanos, JxCat y la CUP contrarios a la prohibición y partidarios de que la prostitución voluntaria se regule como una profesión más; con Unidas Podemos dividida entre abolicionistas y partidarios de la regulación, lo que puede desatar otro pulso por el liderazgo del feminismo en la izquierda y en el propio Gobierno, como ya anticipó la manifestación abolicionista que el sábado pasado recorrió Madrid; y con el PNV y EH Bildu, que aún no han mostrado sus cartas.

Si la norma se aprueba esta legislatura significará el cierre inmediato de todos los burdeles españoles y el encarcelamiento de cualquiera que se enriquezca con el ejercicio de la prostitución por otra persona, sea el beneficiario un simple proxeneta (el chulo) o sea además el dueño del burdel, piso o local en el que se produce la explotación sexual. Dará igual que el prostíbulo funcione con o sin la participación voluntaria de quienes se prostituyen.

Promover la prostitución será ilegal y un delito en todos los casos, pero la norma excluye explícitamente que las mujeres prostituidas puedan ser sancionadas. La reforma socialista considerará autor de un delito de proxenetismo a todo aquel que, con ánimo de lucro, promueva, favorezca o facilite la prostitución de otra persona, aun con su consentimiento. La infracción se pagará con entre 1 y 3 años de cárcel y multa de 12 a 24 meses. La definición está diseñada para exonerar del delito conductas de mera receptación en el ámbito familiar (una prostituta que trae dinero a casa).

Como delito conectado al anterior se recupera la llamada tercería locativa, el rol del empresario de la prostitución, que lleva casi 30 años despenalizado. Quien con ánimo de lucro y de manera habitual destine un inmueble, local o establecimiento, abierto o no al público, a promover, favorecer o facilitar la prostitución de otra persona, aun con su consentimiento, será castigado con 2 a 4 años de prisión, multa de 18 a 24 meses y la posible clausura del local, así como la disolución de la empresa y el embargo de sus bienes. La tercería actúa como una agravante del proxenetismo y ambos delitos se cometen solo con constatarse el ánimo de lucro. No hacen falta, como hasta ahora, ni la violencia ni la intimidación.