El Gobierno se abre ahora a revisar la ley del «solo sí es sí»: «La rebaja de penas no era el objetivo»
Sociedad
Los años de condena se reducen tras la unificación de los tipos penales de abuso y agresión sexual, y la rebaja del «suelo» de este tipo de condenas
02 Dec 2022. Actualizado a las 17:56 h.
El PSOE ha asegurado ahora que se abre a modificar la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual, más conocida como «ley del solo sí es sí», que entró en vigor el pasado 7 de octubre y que ya ha servido para beneficiar a dos condenados por abusos sexuales que han visto reducidas sus penas de cárcel. Todo pese a que desde el Ministerio de Igualdad llevaban negando desde hace meses, primero, que esta circunstancia pudiera llegar a suceder y, después, tras la revisión de estas sentencias, culparon a la interpretación de los jueces.
La ministra de Hacienda y número dos de los socialistas, María Jesús Montero, corregía este martes al ministerio que dirige Irene Montero, asumiendo que esta rebaja de las penas «no era el objetivo de la ley». En los pasillos del Senado, tras asistir a la sesión de control al Gobierno, reconoció que el Consejo de Ministros debe «estudiar» esta materia, «después de algunas sentencias» que se habrían dictado «al amparo de esta ley». «No era el objetivo de la ley que se pudieran rebajar las penas con motivo de abuso a menores. Todo lo contrario», apostillaba.
Todo ello después de que la Audiencia Provincial de Madrid haya rebajado de ocho a seis años la condena contra un ciudadano por un delito de abusos a un menor de 16 años. En la segunda sentencia, otro tribunal de la Audiencia de Madrid, la Sección 15, ha revisado la condena de un profesor de inglés por el abuso sexual de cuatro menores de edad y ha determinado que la pena inicial, de seis años, seis meses y cuatro días de cárcel, pase a un solo año. Los tribunales esperan ahora que este tipo de revisiones lleguen a cuentagotas a los juzgados.
¿Por qué se rebajan las penas?
La razón por la que las penas de estos casos se han rebajado la explican los jueces en sus escritos. Afirman que en su momento se les impuso a estos condenados la pena mínima y que esta ha cambiado con la nueva norma, por lo que si se revisa, puede suceder que se reduzca. Es decir, se rebaja la parte baja de la horquilla de años que establecían las penas anteriores. Algo que, según fuentes jurídicas consultadas, no sucederá en casos que afecten a penas de mayor entidad. Por ejemplo, a casos mediáticos como el de «La Manada», que derivó en condenas de entre 15 y 23 años y que fue el germen de la ley del solo sí es sí.
Los juristas avisaron en su momento: ojo, que aunque el paradigma con la nueva norma cambie y el consentimiento pase a ser la clave para juzgar un caso, y aunque se introduzcan nuevas infracciones y agravantes, la desaparición del delito de abuso para pasar a considerar agresión toda conducta que atente contra la libertad sexual traerá consigo desencanto, porque las horquillas penales cambian, porque los castigos para los hechos leves se elevan, pero los de los graves pasarán a ser más bajos. En febrero del 2021, el propio Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) advirtió en su informe preceptivo que la aprobación de esta ley provocaría la revisión a la baja de aquellas condenas en las que se hubiera impuesto penas máximas.
Las penas de antes y las de ahora
La ley anterior establecía penas de uno a cinco años para el tipo básico de agresión sexual, mientras que la del «solo sí es sí» contempla de uno a cuatro. Y para violaciones, la nueva norma prevé de cuatro a diez años de cárcel, cuando antes se penaban de 6 a 12. Lo mismo ocurre con los tipos agravados: con la reforma, el de agresión va de los dos a los seis años —antes, de cinco a diez— y el de violación, de 7 a 12 años —antes, de 12 a 15—.
En virtud del principio de retroactividad de la ley penal más favorable, los condenados por estos delitos podrán solicitar ahora una revisión a la baja de sus condenas.
Desde el Gobierno, la delegada para la Violencia de Género, la jueza Victoria Rosell, achaca en cambio esta rebaja de penas no a la nueva norma, sino a «una interpretación voluntarista por parte de los tribunales», por lo que defiende que «el problema no es la ley». Como ejemplo, cita el caso del ciudadano acusado de abusar de un menor, en el que el juez no aprecia abuso de autoridad, sostiene, «pese a que era su padrastro».
En una rueda de prensa posterior, Rosell reconoció que es «factible rebajar las penas» con la nueva ley, aunque insistió en que el texto en sí mismo «no las rebaja». Frente a quienes acusan a Igualdad de que la reducción de penas se debe a la desaparición del abuso sexual, la juez defendió que lo que hay ahora es «agresión sexual sin consentimiento» y que «si hay engaño no hay consentimiento», por lo que sigue existiendo dicho delito. A su juicio, se trata de «un análisis y una lectura muy superficial» y de «brocha gorda» y espera, según declaró, que este argumento «no sea real» y que no esté incluido en una resolución judicial.
Fuentes de Igualdad defienden, además, que los jueces «no han considerado que la ley de libertad sexual en su artículo 181.2 establece las mismas penas que la ley anterior: de 5 a 10 años».
La secretaria de Estado de Igualdad, Angela Rodríguez Pam, había tachado hace un mes de «bulo machista» las maniobras de algunos abogados de aprovechar este beneficio. Y aunque desde el Ministerio de Justicia creen que el número de beneficiados por este cambio de norma no será masivo, sí consideran que llegarán a cuentagotas porque ahora los abogados de estos reos están estudiando posibles recursos.
Críticas de la oposición
Pero este hecho ya ha servido para rearmar a la oposición con nueva munición. La vicesecretaria de Políticas Sociales del Partido Popular, Carmen Navarro, recordó este martes las advertencias realizadas al respecto por su partido, que enmendó en su totalidad la norma por considerarla «una mala ley». También trasladó las objeciones que en su día hizo de la misma el Consejo General del Poder Judicial. En este sentido, denunció que tanto la ministra Irene Montero como la delegada del Gobierno para la Violencia de Género «se burlaron de estos avisos, que tildaron de bulos».
Lo cierto es que desde el inicio de su tramitación la ley del solo sí es sí ha estado rodeada de polémica. Su negociación supuso el primer enfrentamiento a gran escala en el recién nacido Gobierno de coalición. En marzo del 2020, pocos días antes de la activación del estado de alarma, PSOE y Unidas Podemos airearon sus divergencias por una norma sobre la que los socialistas veían «defectos técnicos» mientras que los morados afirmaron que «dentro de estas excusas hay mucho machista frustrado». Solo tras 14 meses de tramitación se aprobó en el Congreso, después de un amplio debate suscitado por la necesidad de incluir una definición concreta de consentimiento.