Rueda dice que «lexislar non é tuitear» y pide «consecuencias» por la falta de rigor

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, planteó ayer que las palabras de la ministra de Igualdad sobre la magistratura «deben ter consecuencias». «Lexislar non é como tuitear», ha señalado Rueda en referencia a los miembros del Gobierno central, que a su juicio han redactado la nueva ley «con moi pouco rigor». Las consecuencias, traducidas en una rebaja de penas a numerosos delincuentes sexuales, están siendo «terribles», añadió el presidente, que exigió al Gobierno que rectifique la ley.

Rueda ha reprochado al Ejecutivo que achaque sus errores a los jueces, y ha mostrado su sorpresa porque Montero haya calificado de machistas a los magistrados que, a su juicio, se limitan a aplicar la ley. Esas declaraciones, subrayó, «deben ter consecuencias» y recordó que la ministra ha sido nombrada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que debe tomar medidas, añadió, a no ser que comparta las críticas de Montero.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijoo, por su parte, recalcó que fue el Gobierno en su conjunto el que aprobó la ley y emplazó al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, a asumir responsabilidades ante las «dramáticas consecuencias de esta decisión populista» en «contra del criterio» de expertos, los jueces y el Partido Popular.

«El presidente Sánchez tiene que decidir si la responsabilidad última de esta desprotección de las niñas, de las adolescentes y de las mujeres españolas es de la ministra de Igualdad de la ministra de Justicia, o las dos a la vez o directamente asumir él toda la responsabilidad, ya que ha sido el Consejo de Ministros el que ha adoptado y aprobado este proyecto de ley», abundó.

La vicesecretaria general y portavoz parlamentaria del PP, Cuca Gamarra, le pidió a Sánchez directamente el cese de Montero. Aseguró que la sociedad española está «absolutamente indignada» al ver «como delincuentes sexuales y violadores están saliendo a la calle, están viendo reducidas sus condenas». También recordó el Consejo General del Poder Judicial, distintas asociaciones y el propio Partido Popular advirtieron «de este efecto de seguir adelante con esa ley», pese a lo cual el Gobierno siguió adelante hasta aprobar el texto sin corregirlo.