Mediaset endurece el código ético para sus programas de telerrealidad

Mediaset España ha hecho público un nuevo código ético que se aplicará a sus programas de telerrealidad con el fin de seguir reforzando la idea de que la cadena ha entrado en una nueva etapa tras la salida de Paolo Vasile. Después de las normas que dictaron el fin de los comentarios políticos en los espacios de entretenimiento, en especial de los contenidos de Sálvame, y del veto a algunos de sus rostros más habituales, Rocío Carrasco entre ellos, el grupo de comunicación ha incluido un nuevo protocolo de actuación para sus realities que permita asegurarse de la buena convivencia de los participantes, de su salud y su bienestar.

La medida se comunica pocas semanas después de que el exconcursante de Gran hermano José María López fuera condenado a quince meses de prisión por un delito de abusos sexuales a Carlota Prado, una compañera de la misma edición. La productora del programa, Zeppelin, también fue condenada a pagar mil euros por haberle mostrado a la víctima sin previo aviso una grabación del abuso que sufrió.

La propia víctima presentó con posterioridad una denuncia contra Mediaset y sus trabajadores por omisión de socorro.

Desde que este suceso salió a la luz, la marca Gran hermano ha quedado devaluada y el programa ha quedado relegado al margen de la parrilla de Telecinco, pero el proyecto de poner en marcha una nueva edición sigue sobre la mesa. Por este motivo, Mediaset España adopta ahora una normativa de diez puntos de obligado cumplimiento que permitan limpiar la imagen de uno de los géneros que más éxitos le había brindado durante años. La nueva regulación está dirigida a los espacios que impliquen «convivencia grupal o aislamiento durante prolongados períodos de tiempo» y que «en algunos casos, se desarrollan en entornos complejos».

Uno de los aspectos que se reforzará será el proceso de selección de participantes para definir cuáles son los perfiles «idóneos» para cada programa. Los aspirantes deberán someterse a «un razonable análisis de riesgo, que incluirá, al menos, un examen médico (físico y psicológico) realizado por facultativo especializado, que descarte cualquier tipo de incompatibilidad; y una investigación en el entorno familiar, profesional o social con el fin de descartar comportamientos agresivos o antisociales, dependencias crónicas» y otras conductas posiblemente conflictivas.

Otro objetivo es establecer los entornos «seguros» para los participantes con el objetivo de evitar que se vean expuestos a situaciones no controladas que pongan en peligro su salud física y psicológica. Además, este apartado también prevé prolongar la asistencia psicológica a los concursantes durante al menos dos meses después de la finalización del programa.

Por último, un tercer ámbito de actuación describe los comportamientos y actitudes prohibidos o considerados reprobables, como acoso, abuso sexual, bullying, discriminación, consumo de drogas, violencia física o verbal y consumo inmoderado de alcohol. 

Exige «la implementación de medios humanos y técnicos suficientes para el control preventivo y la intervención reactiva con el objetivo de evitar que tales comportamientos puedan producirse o atajarse de forma inmediata». En tal caso, advierte, deberían activarse los protocolos de actuación, comunicación y denuncia pertinentes.