Las solicitudes de eutanasia superan en Galicia el medio centenar

El número de solicitudes de eutanasia formalizadas en Galicia, desde la entrada en vigor en el 2021 de la ley orgánica que regula este procedimiento, ascienden a 58, de las que, a junio de este año, 21 contaron con informe favorable. Así lo han informado a Europa Press desde la Consellería de Sanidade, tras el último caso judicializado, el de una mujer de Santiago con esclerosis múltiple cuya madre trató de que se paralizase la intervención pedida por su hija, aunque sin éxito.

Del total de solicitudes recibidas, se denegaron tres, mientras los pacientes revocaron en ocho ocasiones. «Las restantes se corresponden con exitus por causas ajenas a la prestación —precisa Sanidade en relación al fallecimiento del solicitante antes del procedimiento pedido— o que están en curso».

Todas han sido en base a la ley orgánica de regulación de la eutanasia, aprobada a nivel estatal, y que reconoce, a toda persona que cumpla las condiciones exigidas, el derecho a solicitar y recibir la ayuda necesaria para morir estableciendo el procedimiento que debe seguirse y las garantías a observar, entre ellas la evaluación del caso por parte de un equipo de profesionales.

Las peticiones más numerosas son de personas de los grupos de 50 a 59 años y de 70 a 79 años. El 58,6 % fueron realizadas por hombres frente al 41,4 % correspondientes a mujeres. La patología más frecuente que motivó la petición fue la neurológica (50 %), seguida de la oncológica (31 %).

Sobre la situación en la comunidad autónoma gallega, el presidente en Galicia de la asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD), Miguel Anxo García, remarca que la aplicación de la citada ley «comenzó con retraso en Galicia debido a la lentitud de la Xunta en la promulgación de las disposiciones legales autonómicas necesarias para la constitución de la comisión de garantía y evaluación».

«Una vez constituido ese órgano, finales del verano del 2021, comenzó a ser posible acceder al nuevo derecho». «En un primer período identificamos dificultades y retrasos en la asignación de médico/a responsable, que ocasionó problemas a personas que solicitaban el inicio del procedimiento de evaluación necesario» para acceder al reconocimiento de este derecho.

«Progresivamente se fueron resolviendo dificultades y, desde hace ya meses, no tenemos noticias de incidencias», explica para precisar que su principal fuente de obtención de datos a este respecto son las personas que les solicitan información o apoyo en los trámites del proceso.

«Pero aún hace menos de un año que hemos asistido con preocupación a la situación de una persona, a la que se le reconoció el derecho y a la que se le aplazó la prestación, en el día anterior al acordado, por razones de no disponibilidad del kit farmacológico y esto ocurrió con la misma persona en dos ocasiones sucesivas», apunta.

Desde Derecho a Morir Dignamente, su presidente califica esto como «excepcional, pero intolerable y causante en sí mismo de sufrimiento evitable». No obstante, añade que en la actualidad no tienen noticias de situaciones comparables.

Con todo, advierte de que «disposiciones de obligado cumplimento no se están cumpliendo: no se realizó por el Sergas el informe anual del 2021 ni el del 2022 y, por lo tanto, no se pudo dar a conocer públicamente. A finales del mes de octubre en la web de Sergas se colgaron dos diapositivas con datos, pero eso no es el informe».