La UE alcanza un principio de acuerdo para regular sistemas de inteligencia artificial como ChatGPT

Los equipos negociadores de la Comisión Europea, el Consejo Europeo y la Eurocámara siguen a estas horas discutiendo el texto definitivo de la que será la primera ley en el mundo en regular la Inteligencia Artificial (IA). Este reglamento quiere impulsar el desarrollo de este tipo de tecnologías en la Unión Europea (UE), a la vez que establece un marco para su regulación. Incluye, entre otros aspectos, la obligatoriedad de identificar los contenidos creados por IA y clasifica esta tecnología en serie de categorías, prohibiendo el uso de las consideradas peligrosas y monitorizado aquellas «de riesgo». La UE ha llegado a un primer acuerdo para regular los modelos fundacionales (como ChatGPT), pero las discusiones sobre la vigilancia biométrica, que el Parlamento Europeo quiere prohibir terminantemente, siguen encalladas.

Las negociaciones comenzaron en la tarde de ayer y continúan a esta hora, encadenando unas dieciocho horas de reunión en la que -según fuentes de la negociación- se trata de dar «el empujón final al texto definitivo». «La alternativa es que no haya ningún tipo de ley, así que somos optimistas», destacaban estas mismas fuentes a principios de semana sobre la normativa, cuyo proceso legislativo comenzó en 2021.

 La llegada de Chat GPT supuso toda una revolución de esta tecnología y obligó a acelerar la ley y adaptarla para que se amolde a las nuevas IA que vayan apareciendo. De este modo, se busca que el reglamento europeo tendrá cierta flexibilidad para que -de ser necesario- nuevas tecnologías de este tipo puedan ser incluidas o retiradas en la «lista de riesgo», a través de actos delegados de la Comisión Europea. La ley también contempla la creación de un organismo europeo que velará porque se cumpla la normativa europea y cada Estado miembro contará, además, con un organismo nacional dedicado a esta labor. En el caso de España será la Agencia Nacional de Supervisión de Inteligencia Artificial (Aesia), con sede en A Coruña, que empezará a funcionar a principios de año.

Entre las tecnologías que la UE quiere prohibir se encuentra la práctica del social scoring o de reputación social, el sistema que puntúa a las personas en función de su comportamiento, usado por las autoridades chinas, y que se puede aplicar para decidir si un ciudadano puede acceder a un determinado puesto de trabajo.

El Parlamento Europeo también había aprobado en junio el veto al uso de vigilancia biométrica en tiempo real en espacios públicos (con sistemas como el de reconocimiento facial). Los Estados miembros, en cambio, quieren que se permita el uso de este tipo de tecnología en casos en los que esté en juego la Seguridad Nacional y siempre bajo autorización judicial. Estas dos posturas enfrentadas son las que ahora dificultan el consenso sobre la ley de IA.

Los gobiernos europeos quieren que se pueda utilizar para evitar delitos como el terrorismo, el abuso sexual o la protección de infraestructuras críticas, siempre con previa autorización judicial.

La Eurocámara, en cambio, se opone a su uso porque considera que la vigilancia biométrica viola los derechos fundamentales, aunque el ponente de la norma en el Parlamento Europeo, el socialdemócrata Brando Benifei, se abrió ayer a permitirla si existen fuertes garantías para proteger los derechos.

En todo caso, el acuerdo alcanzado es preliminar, a la espera de que se cierre en unas negociaciones que pacecen complicadas. Decenas de organizaciones de la sociedad civil han advertido que no establecer unas obligaciones claras y decantarse en favor de los gigantes del sector supondrá riesgos no menores.